La comisaría 5° del barrio La Unión, en Ezeiza fue la protagonista de un motín llevado a cabo por tres reclusos esta madrugada de viernes. El Grupo Halcón, la División Especial de Seguridad, tuvo que intervenir para controlar la situación.
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Asimismo, durante la noche, los tres presos mantuvieron como rehén a un agente de la institución penitenciaria. Recién a partir de las negociaciones del Grupo Halcón, el agente fue liberado alrededor de las 5.55 h. de esta mañana de viernes.
Los motivos del motín
En esta institución carcelaria el motín se prolongó varias horas. Y lo que inicialmente fue iniciado por tres reclusos, se terminaron sumando 14 más.
Pedían traslados a otras cárceles así como también mejoras en las condiciones de detención. También los reclamos estaban emparentados por la superpoblación de las cárceles.
En ese sentido, el periodista de TN, Sebastián Domenech, informó que tanto comisarías como cárceles “están un 30 o 40% más arriba de la cantidad de presos que debería haber”.
Finalmente, el motín terminó cerca de las 8.00 h. de este viernes, y alguno reclusos acabaron siendo trasladados a otras penitenciarías.
Cárceles abandonadas en la Provincia
La situación de las instituciones penitenciarias de la provincia de Buenos Aires resulta sumamente deplorable. Asimismo, las estadísticas indican que en promedio se puede registrar un muerto cada dos días en las cárceles y 34.500 denuncias de tortura.
A todo esto, se suma la superpoblación de las mismas, e incluso esto se mantiene a pesar de las medidas sanitarias que se promulgan en cuanto al distanciamiento social, vinculado con los cuidados por el coronavirus.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo público autónomo y autárquico que busca promover políticas públicas de memoria y derechos humanos, relevó 34.500 casos de torturas y malos tratos en los distintos penales de la Provincia.
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“Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”, manifestó la CPM, en relación con que más de la mitad de las denuncias, 16.000, se debieron a morosidad judicial y a hechos de violencia.
