En 2016, Silvia Albarenque y Roxana Peña denunciaron públicamente los malos tratos, abusos y tormentos que sufrieron bajo el liderazgo de Luisa Toledo como priora del convento carmelita de Nogoyá. Como consecuencia, en septiembre del mismo año el juez de Garantías Gustavo Acosta separó a Toledo de su cargo de priora. Posteriormente, en noviembre, el Vaticano decidió apartar definitivamente a Toledo y enviarla a otro monasterio.
Juicio y condena
En julio de 2020, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Toledo a 3 años de prisión efectiva por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en perjuicio de Albarenque y Peña.
El tribunal consideró probado que Toledo impidió durante años la salida del convento a las víctimas, sometiéndolas a violencia, amenazas y tormentos. Si bien la fiscalía había solicitado 6 años y medio de pena, se redujo por la avanzada edad y salud de Toledo.
Cumplimiento de la condena
Toledo ingresó a prisión en agosto de 2021 tras quedar firme la condena.
En septiembre de 2022, el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional hasta completar la condena.
Finalmente, el 23 de agosto de 2024, Toledo cumplió el plazo total de 3 años de prisión impuesta en la sentencia.
Albarenque en primera persona después de la sentencia
Según la exmonja, Silvia Albarenque, “la defensa se fundamentó mucho en que lo que hacía esta mujer (Toledo) estaba dentro de las reglas, en que eran cosas permitidas por la Iglesia. Pero la verdad es que extralimitó todo para fomentar miedo, manejarnos, dominarnos y someternos”.
Los castigos eran variados: la mordaza, el látigo, el cilicio y golpes en distintas partes del cuerpo. Y fueron sostenidos en el tiempo: al momento de la denuncia, Albarenque tenía 34 años, había ingresado al monasterio a los 18 y llevaba 10 soportando el martirio ideado por la madre superiora.
Las monjas eran expuestas al frío, pasaban días enteros encerradas en celdas y podían estar una semana amordazadas. Les hacían bajarse la ropa interior y darse latigazos en las nalgas. También eran obligadas a hacer la señal de la cruz con la lengua en el piso. “Pero el peor castigo era la tortura psicológica”, relató, aquella vez, la excarmelita.
Albarenque reveló que, en el momento en que los castigos eran cosa de todos los días, “hablé con el obispo y le conté todo. Él podía haber obrado para evitar que siguiera ocurriendo, pero no lo hizo”. Y en ese sentido, indicó que “la otra denunciante, que me pidió reserva de su identidad, soportó tres años más de torturas después que yo hablé con él”.
“Me alejé completamente de la iglesia, pero no solo por lo que me pasó. De hecho, yo seguía yendo a misa después de la denuncia, pero llegó un momento en que la rectitud con la quise seguir obrando en mi vida me interpeló”, remarcó.
Impacto en la comunidad carmelita
Tras la condena de Toledo, se produjo un cambio en la administración del convento. El Vaticano decidió nombrar a Itatí Miño como nueva priora, en lugar de seguir el proceso habitual de elección por parte de la comunidad. Este cambio fue necesario para restablecer la normalidad y la confianza dentro del monasterio después de los graves acontecimientos.
La comunidad carmelita de Nogoyá ha enfrentado un daño en su reputación debido a las denuncias de abuso y maltrato. Las revelaciones sobre las condiciones de vida en el convento y el comportamiento de Toledo han llevado a cuestionamientos sobre la gestión de la comunidad y su adherencia a las normas religiosas.
La situación ha impulsado a la comunidad a revisar sus prácticas internas y fortalecer sus protocolos de bienestar y protección para las religiosas. Se espera que estas reformas ayuden a prevenir futuros abusos y a restaurar la confianza tanto dentro de la comunidad como en la percepción pública.
La Santa Sede ha estado involucrada en el seguimiento de la situación en el convento, lo que indica una preocupación por la salud espiritual y emocional de las religiosas. Esto podría llevar a más visitas apostólicas y supervisión en el futuro.
La condena y los eventos que la rodearon han generado divisiones dentro de la comunidad. Algunas religiosas pueden haber apoyado a Toledo, mientras que otras han sido víctimas de su liderazgo autoritario, lo que ha creado tensiones que podrían haber afectado la cohesión del grupo.
Relación con la sociedad Nogoyaense
El caso ha contribuido a visibilizar los problemas de abuso y maltrato en comunidades religiosas, lo que podría alentar a otras víctimas a hablar y buscar justicia.
La comunidad en general ha respondido con indignación ante los abusos denunciados, lo que ha llevado a un mayor escrutinio de las instituciones religiosas y su funcionamiento.
