En Oberá acusan al titular de Inspección General de Tránsito, Guillermo Correa, de "perseguir" a las motos con inspectores y policías de tránsito. El funcionario salió a defenderse e indicó que la única intención es salvar vidas, y cuidar la integridad de los obereños.
“Me levanto cada día pensando en seguridad vial, y sé las consecuencias de los accidentes, estamos apostando a un ordenamiento del tránsito, a salvar vidas”, afirmó Correa a Infober “nosotros también tenemos una responsabilidad penal sobre eso(…) son vehículos que circulando serían un peligro”.
El funcionario indicó que los motociclistas reconocen que les conviene tener la VTV al día antes que pagar la multa. Además, existe la opción de hacer trabajo voluntario en caso de no tener dinero para abonar la misma.
“Primero se le da la opción de llevar arriba de otro vehículo, o llamar a un pariente (para que le acerque la documentación faltante), se le da un tiempo, tenés 10 o 15 minutos”, explicó Correa.
Actualmente hay 600 motos y desde el organismo esperan la autorización del Ministerio de Interior de la Nación para compactar 180 de ellas que fueron secuestradas entre 2008 y 2015. El objetivo de la compactación no es económico, sino también ambiental, puntualizó Correa, ya que esos vehículos retenidos pierden aceite, combustible, y son contaminantes.
Desde que una moto es secuestrada hay un plazo de 6 meses para pasar a su etapa de compactación. Muchas de las motos que actualmente están secuestradas era por la facilidad para sacar motos nuevas solo con DNI. La gente optaba por no pagar la multa y comprar otra.
