El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal Verónica Zabala, acusaron hoy a cuatro personas vinculadas al gremio de la construcción UOCRA por tenencia ilegal y acopio de armas de fuego.
La formulación de cargos comprendió a M.A L, J.J.S, J.F.A y R.F.V. Los cuatros hombres fueron detenidos ayer, durante una serie de 14 allanamientos realizados en distintas ciudades de la provincia en el marco de una investigación por conflictos existentes en el gremio entre distintos sectores y que está a cargo del fiscal del caso Diego Azcárete.
La acusación de hoy contra los cuatro hombres es una derivación de esa investigación: como les encontraron armas en sus viviendas sin autorización legal, se le dio intervención a la fiscalía de Flagrancia que es el área del Ministerio Público Fiscal a cargo de investigar ese tipo de delitos.
A R.F.V se lo imputó por el delito de acopio de armas de fuego. Desde la fiscalía se afirmó que tenía sin la debida autorización legal, 191 municiones 9 milímetros; 45 cartuchos de escopeta calibre 16; una escopeta; 16 cartuchos calibre 9 milímetros; dos chalecos antibalas; y una picana eléctrica.
En los casos de M.A L, J.J.S y J.F.A, la acusación fue por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Desde la fiscalía se afirmó que J. J. S tenían un revólver calibre 22; que M. A. L tenía un revólver calibre 32 con cartuchos; y que J.F.A tenía una pistola semiautomática calibre 45, con cartuchos, junto con vainas calibre 38 y municiones calibre 22 y 45.
La jueza de garantías Mara Suste avaló la formulación de cargos. El plazo de la investigación fue fijado en dos meses.
El fiscal jefe explicó que como el delito por el cual se formularon cargos prevé penas bajas, y los imputados no cuentan con antecedentes penales –sólo en un caso falta comprobar la existencia de antecedentes-, la medida de coerción que correspondía imponer era la de presentaciones de una vez por semana en las comisarías más cercanas a los domicilios de los imputados. La jueza de garantías, avaló el pedido que también tuvo el consentimiento del abogado defensor, Alfredo Cury.
