Analía Sabio y Hector "Turu" Saez son vecinos de Mina Clavero que corren riesgo de ser desalojados de la propiedad que compraron legalmente con derechos posesorios en 2008.
Allí hicieron reformas, construyeron, realizaron los planos que presentaron al municipio y tomaron todas medidas correspondientes.
Pese a ello, en 2009 recibieron una notificación que expresaba que el vendedor tenía un juicio por desalojo. Desde entonces viven con la incertidumbre de quedarse sin hogar.
Sabio y Saez compraron la propiedad en marzo de 2008 a un poseedor que hacía seis años vivía allí y había comprado la tierra a los dueños originales, ubicada en Cañada larga, Mina Clavero.
En agosto de 2009 les llegó una notificación que expresaba que la persona que les vendió la propiedad tenía un juicio de desalojo en el tribunal civil de Villa Cura Brochero.
Consultaron a un abogado y les sugirió presentar ante ese tribunal todos los papeles de compra y esperar.
"Un día recibí un llamado de una vecina diciéndome que había mucha gente en mi casa, llego y mi puerta tenía candado, me habían cambiado la cerradura. Ingresamos a la casa donde teníamos nuestros bienes y estaba todo cambiado de lugar", contó Sabio en una entrevista.
Al día siguiente, la mujer se presentó en el tribunal civil de Villa Cura Brochero y consultó por lo sucedido, pero la secretaria dijo no saber nada.
Cabe destacar que el día del cambio de cerradura estuvo presente un oficial de justicia, Néstor Cebrero, que tiempo después fue removido de sus funciones por recibir coimas en desalojos dudosos y fraudulentos por parte de martilleros y abogados.
"Fui a la comisaria de Mina Clavero y no me quisieron tomar la denuncia por el cambio de cerradura, entonces hice una exposición civil".
En septiembre de 2009 Saez y Sabio fueron procesados por usurpar su casa y la historia continúo.
José Manuel Capdevila Chacón fue quien inició un juicio de desalojo en el 2007 a Rey Raúl Ángel (quien les vendió la propiedad a Ana y a Turu).
En septiembre de 2009, Capdevila denunció a la pareja por usurpación que derivó en un pedido de desalojo en 2017.
"Capdevilla Chacón es el hijo de un abogado de Brochero que falleció y éste hombre simuló sesiones de derecho (de la propiedad). Él dice que compró esta casa por 15 mil pesos y la persona que (supuestamente) se la vendió dijo que nunca compró ni poseyó la casa. Capdevilla, a quien le van a dar mi propiedad, tiene cuatro documentos de sesiones de derechos sin haber tenido posesión de la casa y sin haberla pagado, son todos papeles de abogados. Cuando su padre falleció le pidió a su novia la documentación de esos juicios y con eso simuló y preparó toda esta estafa procesal que sigue en curso", detalló Sabio.
"Hoy seguimos en la misma situación, estamos a la espera de que vengan a hacer el desalojo. Son muchas las irregularidades, muchos delitos los que se han cometido, por parte de una persona en particular con papeles fraudulentos y por parte de abogados y funcionarios judiciales".
Sabio expresó que actualmente el delito por estafa estaría prescripto, por lo tanto la persona que les vendió la propiedad no iría presa.
Pero ella cuestiona que le sigan dando valor a los papeles fraudulentos. "Necesito que algún funcionario del poder judicial o político responda a esta situación".
El caso de Saez y Sabio tuvo mucha repercusión entre los vecinos del valle de Traslasierra que apoyan a la pareja desde el principio. “Muchas veces la gente nos ayudó y es muy emocionante. A lo largo de estos 10 años recibimos no sólo el cariño de la presencia, sino el accionar de la gente, consultan, me traen información, me ofrecieron casas, eso para nosotros es muy importante”.
Sabio destacó que la manera de devolver todo ese apoyo a la comunidad es diciendo "Basta a estos fraudes en Traslasierra". "Son muchas las familias afectadas, muchas perdieron la casa. Por eso necesito ser la voz de todos los afectados del valle que no tienen difusión", resaltó.
Por Saúl García / María Inés Aiuto
