La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción restante al proyecto de Extinción de Dominio y lo convirtió en ley, permitiendo así que el Estado pueda apropiarse de los bienes provenientes de hechos de corrupción.
Similar al tratamiento en el Senado, el peronismo y el kirchnerismo se separaron, ya que estos últimos votaron en contra de la medida, al igual que el FIT.
Extinción de Dominio
En caso de que una persona sea imputada por corrupción, se podrá iniciar un proceso de acción civil de extinción de dominio en su contra. Una vez iniciada la demanda, para defenderse el imputado tendrá dos opciones: comprobar que los bienes los adquirió antes del hecho denunciado o demostrar cómo adquirió esos bienes.
Luego de esto, el juez evaluará lo presentado. En caso de que el imputado no justifique la incorporación de lo denunciado a su patrimonio, dicta la sentencia de extinción de dominio.
Según explicó el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, Jorge Albarracín, a pesar de que en lo penal existe el decomiso anticipado, "mientras más bienes sean, más se demoran los procesos penales y terminan desapareciendo". En Argentina, el promedio para llegar a una condena es de 14 años.
"Esto se realiza sólo con los procesos en trámite. A veces hay condena, pero la situación patrimonial sigue igual. No puede ser que queden condenados y ricos", enfatizó.
Dentro del Frente Cambia Mendoza, el PRO votó a favor, al igual que el Frente Renovador, mientras que el demócrata Marcos Niven aseguró que el proyecto presentaba "deficiencias", pero lo acompañó debido "al mensaje que envía a los delincuentes".
Desde el PJ, la diputada Claudia Segovia criticó el proyecto por ser "un decomiso sin condena", criticando tanto el DNU de Macri como la iniciativa de Cornejo.
"Esto debería ser un proceso autónomo, dentro del proceso penal. El oficialismo pone como ejemplo a Colombia, pero ahí lo tienen contemplado dentro de la Constitución. Esto es penal, no civil", sostuvo.
En el kirchnerismo, Lucas Ilardo aseguró que se trata de una maniobra distractoria del oficialismo que no aporta soluciones, pero que también es "peligrosa" ya que "le puede pasar a cualquier persona que lo inculpen de algo y lo condenen sin pruebas".
