La operatoria sería siempre igual: los jubilados deben pagar un importe concreto a empleados de la UDAI para que les sea otorgado el préstamo.
Si bien la operatoria suele hacerse a través de un pedido de turno al 130 y la burocracia posterior, en estos casos todo se gestiona fuera de esos cánones, con un encuentro que se corona en el primer piso de la UDAI.
Frente a estos nuevos hechos, serían cerca de veinte, la justicia ha sustanciado dos expedientes: uno que investiga el posible "abuso de autoridad y violación del deber del funcionario público"; y otro que refiere a la "defraudación contra la administración pública".
Las sospechas llegan hasta lo más alto de la Anses tunuyanina. No obstante, el foco se ha puesto sobre una empleada llamada Soledad Cisterna, quien aparece insistentemente mencionada en las causas de marras.
"Es una trabajadora que no se desempeña en atención al público, sino en recursos humanos; y es la más complicada", reveló a Mendoza Post una fuente judicial, al tiempo que confirmó que la UDAI de Tunuyán ya fue notificada respecto de uno de los dos expedientes.
