En Mendoza buscan convertir en ley un programa contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. En 2019 fue presentado el proyecto.
La propuesta plantea que se cree un programa interinstitucional el cual brindará asistencia y protección a las víctimas de trata. El mismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Humano y Deportes de la Provincia, o el que en el futuro lo reemplace.
La norma además establece que el mismo será coordinado por la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
Otro de los puntos centrales de la propuesta está vinculada a crear un Consejo de Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata. Será un organismo de coordinación, planificación y seguimiento interjurisdiccional de las acciones de prevención y lucha contra la trata y de la asistencia y protección a las víctimas.
Dicho Consejo se encontrará integrado de manera permanente por representantes de los tres poderes del Estado Provincial, municipios, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa Provincial, Dirección General de Escuelas, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y Ministerio de Seguridad.
Asimismo, para el tratamiento de temáticas específicas, se podrá invitar a participar de manera transitoria a otros actores públicos o privados que resulten atravesados por la problemática de trata y asistencia a las víctimas.
El Consejo convocará a los responsables de los medios de comunicación audiovisual, para lograr la mejor difusión y adecuado conocimiento e información de la comunidad, sobre las problemáticas abordadas por la presente ley.
En cuanto a las políticas de prevención que se ejecutarán, la norma contempla que el Estado Provincial a través de sus tres poderes, llevará adelante acciones que generen conciencia en la sociedad mendocina a través de información clara, campañas de difusión y espacios de capacitación, reflexión, análisis y evaluación que permitan enfrentar los nuevos desafíos, evoluciones y ámbitos de la Trata de Personas.
En particular tiene la obligación de promover la profesionalización de los agentes públicos intervinientes en casos de trata.
También habla sobre los mecanismos institucionales y recursos públicos humanos y materiales que permitan la efectiva asistencia y protección a las víctimas. En este sentido establece que el Estado deberá generar y fortalecer la atención integral de las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación de personas, bajo la perspectiva de género y de derechos humanos.
Se creará además el Registro Provincial de datos para la prevención y lucha contrala trata y asistencia a las víctimas, con la finalidad de contar con suficiente información y registro que permitan el diseño y ejecución de políticas eficaces de prevención y lucha contra la trata y de protección y asistencia de las víctimas.
