La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción este miércoles al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, con el cual buscan establecer sanciones por incumplimiento de normativas de emergencia en materia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Se trata de la incorporación del artículo 119 bis al Código Contravencional, referido a "Incumplimiento de normativa de emergencia en materia sanitaria", que establecerá que sancionarán a "quien organizare y/o alojare reuniones con personas sin parentesco en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad, hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral, que impliquen incumplimiento de las normas que regulan estas actividades y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales".
Aquellas personas que no cumplan con lo establecido, podrán ser sancionadas con 15 y hasta 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 hasta 80 días. En caso de reincidencia la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo.
A través de normativas nacionales y provinciales, se adoptaron distintas medidas para prevenir el contagio del virus, entre ellas, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, con lo cual, "entre los diversos derechos que han debido reglamentarse durante la emergencia, se encuentra el de reunión, que resulta estratégico en virtud de las características de contagio" del Covid-19, dice la fundamentación.
Agrega el texto que "luego de la prohibición de todo tipo de reunión durante la etapa más estricta del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, la Provincia autorizó reuniones de tipo familiar". Están permitidas con hasta un máximo de 10 personas, sólo los días sábados, domingos y feriados y en un ámbito territorial de cercanía. Posteriormente, fueron autorizadas las reuniones de todo tipo, todos los días, también con un máximo de 10 personas.
No obstante, por los cambios producidos en la situación epidemiológica de la Provincia, y "habiendo constatado ciertos incumplimientos respecto de las normas generales" es que "resulta necesario contar con una herramienta jurídica idónea para sancionar a quienes incumplen la normativa dispuesta por la autoridad provincial en materia de reuniones", indica el proyecto.
Además, el texto que sirve de fundamento al proyecto elevado por el gobierno provincial agrega que el objetivo es imponer "una sanción ejemplificadora a quien de manera irresponsable pone en peligro a la sociedad toda, no sólo por la posible propagación del Covid-19, sino también con la consecuente limitación a las actividades que han sido habilitadas, lo cual repercute a su vez en aspectos sociales y económicos".
