El fiscal Diego Funes, que investiga a varias organizaciones sociales de Jujuy por el presunto delito de extorsión, afirmó hoy que “se va corroborando la existencia de un modus operandi” en perjuicio de beneficiarios de planes sociales en la provincia, y refirió que, en base a los elementos secuestrados y analizados, los dirigentes “desde hace varios años llevan un control de las personas que asisten a las marchas”, quienes además “deben realizar aportes periódicos”.
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En diálogo con diferentes medios locales, el fiscal especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública dijo que “hay personas que habrían llevado adelante esta extorsión, pero de parte de la Fiscalía todavía no se ha promovido acción penal concreta contra ninguna de ellas, por lo que no hay demorados ni imputados”.
La investigación se centra en distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia.
PRESUNTA EXTORSIÓN CON PLANES SOCIALES
La medida fue ordenada por el juez de control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Funes, que inició actuaciones de oficio a partir de denuncias de particulares en torno a presuntos delitos relacionados con los planes sociales.
“En la fecha estaríamos en un 95 por ciento de avance respecto a la extracción de información de los equipos informáticos y teléfonos celulares y en un porcentaje similar respecto al análisis de la documentación secuestrada”, detalló el fiscal.
Tras avanzar en el análisis de los elementos secuestrados, dijo que “se está corroborando la existencia de cierta obligatoriedad para concurrir a las marchas y cierto control de las personas que asisten con un control exhaustivo con planillas de asistencia”.
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Además, se refirió a “un aporte que se realiza periódicamente por parte de estas personas a las organizaciones de forma obligatoria”, en tanto falta establecer “si hay una afectación a la libertad en cada una de estas acciones, es decir que no prestan su voluntad o consentimiento para acudir a estas marchas o para realizar estos actos”.
La investigación judicial también va ahondar en el análisis de lo ya secuestrado, dijo Funes, como asimismo “ver si existen movimientos de dinero considerables que también refuercen la hipótesis delictiva en la que estamos trabajando”.
Con información de Télam
