La Legislatura de Jujuy aprobó el presupuesto provincial para el año 2021, que contemplando erogaciones por un monto total de $118.138 millones y un resultado financiero negativo de $9.935 millones “expresa la consolidación de recursos y la asignación de los gastos que permitan garantizar las condiciones de previsibilidad necesaria para recuperar el aparato productivo y, de esta forma, continuar con el proceso de desarrollo provincial”, según argumentó el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto.
En efecto, durante la segunda sesión extraordinaria del año la Cámara de Diputados sancionó la ley Nº 6.213 de presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración pública provincial para el ejercicio fiscal 2021, que prevé erogaciones por $103.675 millones destinados al Poder Ejecutivo, $9.276 millones a organismos descentralizados, $3.417 millones al Poder Judicial, $1.318 millones al Poder Legislativo y $451 millones a otros entes del Estado.
Fuentes oficiales apuntaron que, en términos nominales, el Presupuesto 2021 tiene un crecimiento de un 39%, aproximadamente, respecto del aprobado para el ejercicio fiscal 2020.
En la denominada “ley de leyes” se establece un resultado financiero negativo de $9.935 millones, fija la suma de $2.169 millones como importe correspondiente a erogaciones para atender la amortización de deudas y estima el importe correspondiente a fuentes financieras en $12.105 millones.
Así también, se prevé destinar el 59% de los gastos totales y un 75,80% de los gastos corrientes al pago de salarios, para los cuales se contempla un incremento superior al 20% para el transcurso del año entrante.
“La Provincia elaboró un proyecto siguiendo algunas pautas nacionales, tratando de ser lo más eficiente, previsible y equilibrado” posible, argumentó el diputado de la UCR Osvaldo Cuellar, que ofició de miembro informante del oficialismo.
Durante su intervención destacó como uno de los ítems esenciales del Presupuesto “la lucha contra la violencia de género, para lo cual la Provincia destinará un total de ciento cuarenta millones” de pesos, en el marco de la reciente sanción de la Ley Iara que declaró el estado de emergencia en la materia.
También valoró el legislador que “con los niveles de recursos surgidos por las pautas macro, se trató de hacer un Presupuesto que pueda llegar a todos los sectores, enmarcándose para seguir con el trabajo que viene haciendo la provincia en el cambio de la matriz productiva”.
En su defensa del proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Cuellar sostuvo que la normativa “sienta bases respecto del contexto de incertidumbre y crisis mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus, y garantiza la consolidación de recursos y la asignación de los gastos que permitan garantizar las condiciones de previsibilidad necesaria para recuperar el aparato productivo para el desarrollo provincial”.
En línea con lo que días previos el propio Cuellar había comentado a los periodistas acreditados en la Legislatura, el oficialismo logró también contar con los votos necesarios para la sanción de la ley N° 6.214 de modificación al Código Fiscal de la Provincia y Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2021, para poner todo a tono con el Presupuesto y el nuevo Consenso Fiscal firmado en la Casa Rosada a principios de este mes por el gobernador Gerardo Morales, quien en su momento puso en valor ese acuerdo afirmando que “restablece lineamientos convenientes en la relación impositiva”.
En lo que respecta al Código Fiscal, en materia de Impuesto a los Sellos se incorporó en la figura de la defraudación fiscal un apartado para los instrumentos que se encuentran alcanzados y que no son debidamente presentados ante la Dirección de Rentas.
En relación con la Ley Impositiva, la modificación aprobada adecuará los importes fijos y mínimos a las pautas macro fiscales establecidas por Nación, disponiendo un cambio del esquema tributario actual que facilite el cumplimiento de las obligaciones al contribuyente y el control posterior por parte del órgano a cargo de la administración tributaria, según explicaron técnicos de Hacienda.
Finalmente en el impuesto sobre Ingresos Brutos se modificó la base de cálculo para los servicios financieros, en consonancia con lo aplicado por la mayoría de las provincias, dijeron las fuentes.
