En medio del escándalo desatado por el descubrimiento de una red de corrupción de menores que presuntamente tenía como base de operaciones el “Residencial Rany’s” -un alojamiento situado en un barrio de intenso movimiento comercial de San Salvador de Jujuy-, la Procuración General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió mover piezas.
Según trascendidos, la Procuración General envió una solicitud a la Auditoría General de Gestión para analizar la actuación de los fiscales Rodrigo Fernández Ríos y Walter Hugo Rondón, a fin de investigar si hubo mal desempeño de los funcionarios en el manejo de la causa que conmocionó a la comunidad jujeña en los primeros días de noviembre de 2024.
El caso, que explotó ante la opinión pública a partir de masivas detenciones relacionadas con posibles actividades criminales detectadas en un inmueble de las inmediaciones de la antigua terminal de ómnibus de la capital jujeña, a fines de diciembre pasado dio un giro inesperado: el Juzgado de Control provincial, en un movimiento sorpresivo, se declaró incompetente y envió el expediente a la Justicia Federal. Ahora, la investigación aparentemente estaría en manos del juez Esteban Hansen y el fiscal federal Federico Zurueta.
“Lo llamativo es que no solo se investiga delitos gravísimos, sino también la actuación de los fiscales que intervinieron”, dijo un allegado al caso.
UNA INVESTIGACIÓN INTERNA
La Auditoría, a cargo de Esteban Zamar, tiene la tarea de determinar si hubo irregularidades que empañen aún más esta trama ya de por sí oscura y que incluye, por ejemplo, la drástica decisión de un un empleado del residencial, que a mediados de noviembre se ahorcó en un sitio apartado de la zona de los diques, a pocos kilómetros de la capital provincial.
Mientras tanto, la causa avanza con novedades que algún segmento de la ciudadanía considera retrocesos, según se refleja en las redes sociales, cuestionando que desde que el caso quedó en manos del fuero federal corren versiones sobre la liberación de los detenidos, muchos de los cuales habían sido aprehendidos al ser encontrados en las habitaciones del citado hotel Residencial Rany’s con niñas y adolescentes menores de edad, sin poder explicar la comprometedora situación.
A fines de noviembre último eran 18 las personas con prisión preventiva en el marco de la investigación que el MPA había iniciado en diciembre de 2023 sobre lo que sería una red de explotación sexual de menores. Las imputaciones incluían delitos graves como corrupción de menores, promoción de la prostitución y distribución de material de abuso sexual infantil.
La línea 145 es un servicio de atención telefónica gratuita que funciona las 24 horas de los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas, un delito que atenta contra los derechos de niñas, niños y personas adultas. La denuncia puede ser anónima.
