El delito no se toma vacaciones: la Justicia en Jujuy tampoco

Repercute en el país la medida implementada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que reformula el concepto de “feria judicial”.

El delito no se toma vacaciones: la Justicia en Jujuy tampoco
En diálogo con los medios el procurador general del MPA de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Jujuy implementó un innovador régimen de licencias ordinarias asociadas tradicionalmente a la feria judicial de enero, marcando un cambio histórico en el servicio de justicia en Argentina. Esta decisión, inédita a nivel nacional, prioriza la continuidad de la labor judicial durante este período, asegurando que las investigaciones, medidas procesales y la atención al público no se interrumpan.

“El delito no se toma vacaciones, la Justicia en Jujuy tampoco”, dijo el procurador general Sergio Enrique Lello Sánchez al anunciar la medida, con la que Jujuy se posiciona a la vanguardia de la modernización judicial, equilibrando eficiencia operativa y derechos laborales.

A diferencia del esquema tradicional que caracteriza al Poder Judicial en todo el país, el MPA de Jujuy ha optado por distribuir los 30 días de licencia ordinaria de su personal de manera flexible, permitiendo que estas puedan tomarse entre diciembre, enero, febrero y marzo. Este modelo ofrece la posibilidad de fraccionar los descansos en hasta tres períodos, asegurando que todas las dependencias del organismo permanezcan plenamente operativas.

Cabe aclarar que esta medida se circunscribe al MPA, no así a las demás áreas de la Justicia, Poder Judicial de la Provincia de Jujuy y Ministerio Público de la Defensa (MPD).

UN NUEVO PARADIGMA EN MATERIA DE LICENCIAS

La iniciativa, respaldada por la autonomía funcional y administrativa que la Constitución Provincial de Jujuy confiere al MPA, pone en el centro de su implementación el derecho de la ciudadanía al acceso continuo a la justicia. Este enfoque responde a la creciente demanda de accesibilidad y continuidad en los servicios públicos, especialmente en casos que requieren respuestas urgentes y no pueden permitirse pausas, señalan fuentes del organismo.

El procurador general Lello Sánchez sostiene que esta medida no sólo evita la concentración de licencias en enero, sino que también protege los principios de debido proceso y tutela judicial efectiva, esenciales en una justicia moderna.

Empleados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, trabajando en la oficina de Gestión Judicial. Con el nuevo régimen de licencias, el personal del organismo podrá tomarse vacaciones entre diciembre y marzo del año siguiente.
Empleados del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, trabajando en la oficina de Gestión Judicial. Con el nuevo régimen de licencias, el personal del organismo podrá tomarse vacaciones entre diciembre y marzo del año siguiente.

El organismo mantendrá sus horarios habituales durante todo enero, garantizando un servicio constante y de calidad, aseguró el funcionario. La resolución apunta también a una planificación detallada, con base en la productividad y otros parámetros, para coordinar licencias y suplencias; y asegura que ninguna dependencia vea interrumpidas sus funciones esenciales.

Además de su impacto en la operatividad judicial, esta decisión destaca la capacidad del MPA para adaptarse a las necesidades de su comunidad. La reorganización beneficia tanto a las víctimas de delitos, quienes requieren respuestas rápidas, como a los equipos de trabajo, al ofrecer un equilibrio entre descanso y responsabilidad.

Este modelo podría convertirse en un referente para otras provincias, marcando un camino hacia la actualización del sistema judicial en Argentina, anhela Lello Sánchez.

“La Justicia debe estar al servicio de la sociedad en todo momento. Este cambio responde a la misión institucional del MPA de defender la legalidad, los derechos de las víctimas y el interés público”, afirmó.

Con esta reforma, Jujuy lanza un mensaje de modernización y compromiso con la sociedad, demostrando que es posible garantizar servicios públicos ininterrumpidos sin comprometer los derechos de los trabajadores. Este enfoque innovador invita a reflexionar sobre cómo el resto del país podría adoptar medidas similares para mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial, alienta el Procurador General.