Por fraude, el tribunal penal del Vaticano condenó este sábado en primera instancia a un cardenal italiano de alto rango a cinco años y medio de prisión, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.
Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 75 años, exasesor cercano del Papa Francisco, quien fue juzgado junto a otras nueve personas. Se trata del funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-Estado.
Becciu también fue multado con 8.000 euros (8.700 dólares). La fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10.000 euros.”
Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación”, dijo Fabio Vignone, abogado del obispo. En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros (164 millones de dólares), de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, pese a que el Papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013.
El pontífice argentino también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.
El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de cárcel de casi cuatro años hasta más de 13, además de sanciones financieras, contra los 10 acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.
De las 10 personas procesadas, una fue absuelta, otras dos fueron condenadas a multas y otra a una pena de prisión en suspenso de un año y medio. La pena más dura, siete años y medio de prisión y multa de 10.000 euros (unos 10.900 dólares), fue para Fabrizio Tirabassi, un exempleado de la Secretaría de Estado que supuestamente recibió comisiones.
Becciu, exnúmero dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del gobierno central de la Santa Sede, conserva su título de cardenal pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020.
El tribunal explicó que había declarado culpable de malversación de fondos a Becciu porque había ordenado pagar entre 2013 y 2014 un total de 200,5 millones de dólares de los fondos de la Secretaría de Estado a un fondo de inversión “altamente especulativo” liderado por Raffaele Mincione, condenado también a cinco años y medio de prisión y una multa de 8.000 euros.
El tribunal también declaró culpable al cardenal de haber pagado 125.000 euros (unos 136.000 dólares) a una cooperativa gestionada por su hermano así como de haber pagado otros 570.000 euros (622.000 dólares) a un intermediario por la liberación de una monja rehén en África, pero que nunca sirvieron para lograr este objetivo.
El tribunal también ordenó la confiscación de bienes por valor de 166 millones de euros a los condenados, así como el pago de 200 millones de euros en daños a las partes civiles, cuatro instituciones vaticanas.
Al término de las 86 vistas de este proceso conocido como el “del inmueble de Londres”, los debates sacaron a la luz la opacidad de algunas operaciones financieras de la Santa Sede, con revelaciones sobre escuchas telefónicas y procedimientos opacos a través de una serie de intermediarios.
Entre los momentos destacados del proceso figuran las revelaciones sobre una conversación telefónica de Becciu -a iniciativa suya- con el Papa y grabada sin el conocimiento de este, poco antes del juicio, en la que le pedía confirmar que había aprobado movimientos financieros confidenciales.
Esta adquisición, a un precio sobrevalorado, puso en evidencia el uso imprudente del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa. Igualmente, generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.
La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m2 situado en el elegante barrio de Chelsea, a costa de grandes pérdidas. Este caso asestó un duro golpe a la reputación de la Iglesia y del Papa Francisco, que multiplicó las reformas para sanear las finanzas del Vaticano y luchar contra el fraude.
Además de la creación de una Secretaría para la Economía en 2014, limitó, desde su elección en 2013, las inversiones y las actividades del Banco del Vaticano, en especial con el cierre de 5.000 cuentas sospechosas.
