En Nantes, Francia, una jubilada de 78 años enfrenta una angustiosa situación que ha desatado un intenso debate social y político, tanto así que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas.
Su vivienda heredada, fuente principal de ingresos tras la muerte de su padre en 1998, fue ocupada ilegalmente por una familia en otoño de 2023, y desde entonces, no ha logrado recuperarla.
La historia, revelada por Le Figaro, comenzó cuando el administrador del edificio —un inmueble con acceso restringido mediante código digital— la contactó por una supuesta fuga de agua. El departamento debía estar vacío, ya que la dueña había pausado temporalmente su alquiler por problemas de salud. Pero la fuga reveló algo inesperado: una familia se había instalado sin permiso.
Su hija denunció el caso a la policía y, en un primer momento, la prefectura autorizó el desalojo. Sin embargo, en noviembre de 2024, la justicia francesa suspendió la medida al considerar la “vulnerabilidad” de la familia okupa, que tiene dos hijos pequeños y no dispone de alternativa habitacional.
Desde entonces, la jubilada no solo ha dejado de percibir ingresos por el alquiler, sino que debe seguir pagando los impuestos de la propiedad —unos 1.800 euros anuales— y las facturas del hogar, incluyendo el agua que consume la familia ocupante. Su hija, también agobiada por la situación, ha tenido que comenzar a ayudarla económicamente. “Ella no puede pagar”, confesó al medio francés.
El drama familiar ha saltado a la arena política. Un concejal de la oposición, Foulques Chombart de Lauwe, escribió recientemente una carta al ayuntamiento reclamando una solución que contemple tanto la situación de la jubilada como la de la familia vulnerable. Además, cuestionó el financiamiento municipal a Gasprom, la asociación que defiende legalmente a los ocupantes.
Desde el gobierno local, la teniente de alcalde Abbassia Hakem respondió que el caso es competencia de la justicia y del Estado, y que Gasprom “no promueve la ilegalidad”, sino que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, reconoció la necesidad de encontrar una salida urgente para ambas partes.
Por ahora, el futuro de la jubilada permanece en manos de los tribunales. Sin casa y con crecientes gastos, su situación visibiliza las tensiones entre el derecho a la propiedad privada y las políticas sociales de inclusión. Mientras tanto, el ayuntamiento de Nantes enfrenta una creciente presión para ofrecer una alternativa habitacional a la familia ocupante y resolver el conflicto que ha conmocionado a Francia.
