Un grupo de camioneros argentinos estaría analizando la medida, luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades de la República Oriental del Uruguay. Todo se habría agudizado luego éste impida cobrar el paso de los fletes en efectivo. Los autoconvocados afirman que es inconstitucional, y que esto estaría afectando su nivel de trabajo.
Por este motivo amenazan con cortar el paso -desde el lado argentino- de los tres puentes que unen ambos países; puentes binacionales de Salto–Concordia, Fray Bentos–Gualeguaychú y Paysandú–Colón.
Todo se inició en diciembre del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas argentinas que realizan fletes en Uruguay, a cobrar sus servicios a través de transferencia bancaria o por entidades financieras, y no en efectivo como lo venían haciendo hasta el momento.
El reclamo de vieja data de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu), criticaba que las empresas argentinas cobraban dólares en Uruguay para luego venderlos en el mercado paralelo argentino y así aprovechar la diferencia cambiaria, lo que les generaba una “competencia desleal”.
Ahora, en el decreto reglamentario -publicado el 4 de enero-, el Ejecutivo estableció que la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina genera una ‘pérdida de competitividad’ en las empresas uruguayas, por lo que se consideró ‘necesario’ impedir el pago en efectivo a las transportistas argentinas, a efectos de facilitar la libre competencia en igualdad de condiciones dentro del país.
Dicha medida no habría caído bien en el sector transportista argentino, a modo de que un integrante del grupo de autoconvocados, habría afirmado a El País que desde que comenzó a regir la normativa, el pasado mes de enero, los fletes hechos por empresas argentinas en Uruguay, bajaron entre un 70% y 90%.
La medida afectaría el cruce de los tres puentes binacionales de Salto–Concordia, Fray Bentos–Gualeguaychú y Paysandú–Colón, los cuales unen el país hermano con la Argentina.
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“Se nos hace imposible, no saldamos ni el gasoil ni los pagos al chofer, nos vemos totalmente afectados, directamente debemos cambiar los destinos”, afirmó el transportista, dando a conocer el descontento por la situación. Se trata de un grupo de unos 45 dueños de camiones argentinos que viajan a Uruguay habitualmente, los que aseguran que sus reclamos son hechos en forma particular y que sus manifestaciones no están bajo la órbita de “ningún partido político y de ninguna cámara empresarial”, dado que, si bien las gremiales transportistas argentinas “intentan llevar adelante una negociación”, ellos precisan “una solución lo antes posible”.
Según relató el empresario, una de las primeras medidas adoptadas por el grupo de autoconvocados fue el corte de los puentes internacionales. Sin embargo, todavía no la llegaron a implementar porque comenzaron a canalizar las negociaciones a través del Consulado de Uruguay en la ciudad argentina de Colón.
“Teníamos la medida pronta para este jueves, pero estamos esperando a ver cómo avanza esa situación (con el Consulado). Esperamos que a través del diálogo podamos volver al estado anterior de la norma. El corte de puentes no es beneficioso para nosotros pero igual lo tenemos presente porque hay transportistas que realmente no están viajando” a Uruguay habría pronunciado el camionero.
Para el grupo de autoconvocados, la norma aprobada por Uruguay, ‘viola tratados internacionales’ como el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940, como también la Constitución uruguaya. Por ese motivo, el representante del grupo de empresas de transporte argentinas en Uruguay, que ya cuenta con representación legal, habría afirmado que están trabajando para presentar un recurso contra la ley.
Por el mismo motivo, desde el Poder Ejecutivo han expresado que están en conocimiento de los reclamos de los transportistas argentinos, pero ratificaron su convicción de que la normativa elimina la “competencia desleal” entre las empresas de ambos países, afirmando que, la situación que enfrentan los transportistas responden a una problemática propia de la economía de su país sobre la que Uruguay no tiene incidencia, ni responsabilidad.
Además, indicaron que la normativa demoró aproximadamente dos años en aprobarse, por lo que durante ese tiempo fueron las empresas argentinas las que ganaron más dinero ‘afectando a las uruguayas’.
Por su parte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) -nuclea a 44 cámaras de transporte del vecino país-, habría manifestado que la gremial no respalda al movimiento de autoconvocados.
