Si bien los controles resultaban suficientes al ingreso a la provincia, con trámites de más de cuatro horas en General Mansilla, más un protocolo sanitario riguroso, despues del resultado de un habeas corpus rechazado parcialmente por el juez federal, Fernando Carabajal pero que en la parte cursada pedía mejores condiciones para las personas en cuarentena, en la Escuela de Cadetes, el gobierno sorpresivamente y sin razón justificable decidió cerrar las fronteras a cualquier ciudadano que quisiera entrar.
El Ministro de Gobierno, Jorge González, anunció que, "Veníamos trabajando con un esquema ajustado estrictamente a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de salud de la nación, ese trabajo minucioso en cuanto a lo jurídico y sanitario ha sido confirmado por la resolución del juez, sin embargo, hay una serie de consideraciones respecto a la hotelería".
A razón de verdad el juez se explayó mucho más allá de la Hotelería, enumerando uno por uno y con el propio González participando de la inspección, en donde se vulneraban el derecho a la intimidad, las condiciones de salubridad, una alimentación adecuada, había niños, una persona diabética, ocho personas por habitación, baños sin agua, humedad, cucarachas y hasta se mezclaron personas recién llegadas con personas que estaban por salir de la cuarentena. Sumado a esto un estado cuasimilitar donde el propio director de la Escuela maltrataba a las personas.
Enumerando detalladamente en su fallo, el Pacto de San José de Costa Rica, y los tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con rango constitucional. Pero el Ministro obvio todo lo que compartió con el juez para montar con el gobierno una nueva opereta.
"No vamos a poder trabajar cumpliendo estrictamente los parámetros sanitarios fijados por la OMS y el ministerio de salud de la nación, porque hay una decisión judicial con una mirada jurídica, no sanitaria, de la cuestión que contempla más los intereses particulares de un grupo de personas que no está conforme, entonces nos establece una serie de exigencias mucho más altas de las que sugieren estos organismos internacionales y nacionales", expuso el funcionario.
Y destacó: "Eso es para casos sospechosos, un caso sospechoso cuando tiene fiebre más otros síntomas respiratorios, es mucho más exigente que para los casos de personas asintomáticas que ni siquiera son casos sospechosos pero que están llevando adelante la medida porque es necesario proteger el status sanitario de todos los formoseños".
Además, el ministro detalló las recomendaciones de la OMS: "Si se puede habitación individual, sino una distancia de 1 metro entra cada cama, en cuanto a los baños y estamos hablando de locales de grandes superficies no hospitalarias, dice uno cada diez personas, una ducha cada veinticinco personas".
Pero los argumentos fueron solo para la tribuna porque si el ministro, que es abogado, hubiera querido apelar la decisión de la justicia federal lo podría haber hecho pero los plazos se vencieron el día de hoy y no lo hicieron.Además en la transmisión de la Red Privada de Medios volvió a "escrachar" a los jóvenes que se quejaron por el hacinamiento y sus abogados y los hizo directamente responsables por el cierre del ingreso a la provincia.
En ese sentido, González señaló que "evidentemente hay personas que no están cómodas con un lugar que por cierto es digno", y que desde el gabinete provincial tienen la firme convicción, "como la mayoría de los formoseños", que lo primero es cuidar la salud de todos los habitantes de la provincia, por lo cual, se vieron en la obligación de suspender los ingresos.
El escrache oficial
Inmediatamente en las redes sociales el oficialismo hizo lo suyo con un salvaje ataque a los chicos cuyas familias iniciaron la acción judicial, también recibieron mensajes telefónicas rayando la amenaza.
Lo cierto es que la excusa de la resolución de la justicia federal, le cayó como anillo al dedo porque el cierre de las fronteras era una medida que la venían pensando desde hace tiempo. El fanatismo de los resultados en cuanto a no tener casos de coronavirus en la provincia hace que los derechos básicos se vuelvan maleables, no importa lo que tengan que hacer, deben mantener el CERO en casos de coronavirus a como de lugar.
Fue el propio Ministro el que aseguró en sus conferencias que si había excesos podían denunciarse en la justicia, lo hicieron y el gobierno tomó represalias contra todos los formoseños acusando a dos jóvenes por defenderse.
La otra circunstancia es la falta de insumos para enfrentar casos de coronavirus con médicos y auxiliares que no tienen ni siquiera lo mínimo en vestimenta para protección, no usan barbijos en los hospitales sino tapabocas, los que tienen, ni hablar de la indumentaria.
La última cuestión, origen de la decisión del solitario Insfrán fue el regreso de miles de formoseños que se fueron porque en la provincia no habia trabajo y ahora vuelven a sus hogares precisamente porque se han quedado sin trabajos en otras provincias. Un panorama espantoso.
