Carlos Vicente Soto Dávila fue procesado con prisión preventiva, el juez está acusado asociación ilícita y cohecho pasivo por encubrir a narcotraficantes que operaban en la ciudad de Corrientes. Transportaban marihuana para distribuirla en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, además el magistrado federal Sergio Torres fijó un embargo de $20 millones.
Soto Dávila también debe afrontar un pedido por juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura que se realizará en febrero de 2019. Deberá dar explicaciones con respecto a las acusaciones en su contra. Torres dictó preventiva para Federico Grau y Pablo Molina secretarios federales del juzgado de Soto, al igual que a los abogados Dylio Galeano, Gregorio Giménez, Tomas Viglione, Jorge Vallejos, y Omar Serial.
A su vez, el ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone deberá cumplir con la prisión preventiva. Está imputado por encubrimiento, entre las pruebas figuran escuchas telefónicas entre él y Soto Dávila en la que coordinaban de qué manera enmascaraban a los narcos. Dentro de la causa que se originó con el "Operativo Sapucay" hay más de 130 personas investigadas, entre ellas el ex jefe comunal de Itatí, Natividad Terán, su vice, Fabio Aquino y contaban con la complicidad de agentes de las fuerzas de Gendarmería, Federal y hasta de la Policía provincial.
De acuerdo con la investigación, la droga entraba desde el Paraguay en balsas por medio del río Paraná, ya en Corrientes se transportaba hasta Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. El juez Soto Dávila fue señalado por uno de los arrepentidos que confesó haber pagado sumas de dinero para poder conseguir protección de la Justicia. Estiman que el magistrado recibió una decena de sobornos a cambio de encubrimiento. Si bien posee fueros y no puede ser detenido, sí indagado y con una multa económica. Según publicó TN.
