La Federación Argentina de la Ingeniería Civil (Fadic) solicitó la prórroga del régimen de biocombustibles en Argentina hasta tanto se trate una nueva ley que considere, entre otros aspectos, las dimensiones ambiental y de salud pública.
La Fadic -que preside el cordobés Federico Martí y nuclea a los Colegios profesionales del país- destacó que mientras el desarrollo del clúster petrolero lleva 100 años en Argentina, el de los biocombustibles comenzó en 2006 con la sanción de la Ley 26.093.
En estos 14 años, enfatiza la entidad, se generaron más de 1.000 millones de dólares de inversión en decenas de plantas localizadas en economías regionales en todo el territorio; más de 300 mil empleos directos e indirectos, millones de toneladas de CO2 ahorradas por menor impacto ambiental, y sustitución de importaciones por miles de millones de dólares.
Argentina estableció con esa Ley un corte de las naftas que fue creciendo progresivamente de 5% hasta el 12% actual, y un corte de 5% de biodiesel, que ahora se ubica en 10%, con un marco jurídico que le dio al Estado plena responsabilidad regulatoria, tanto en lo referido a los precios como a la distribución del volumen.
Pero se ha instalado una visión economicista sobre los biocombustibles que sostiene que debido a que la evolución de la economía de la cadena de valor de los hidrocarburos ha cambiado significativamente desde la sanción de la Ley 26.093, ahora la oferta es suficiente para atender la demanda de combustibles en el mercado interno a precios competitivos, por lo que no sería necesaria su complementación con biocombustibles.
Además los biocombustibles están fuera del alcance de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y el CO2. En tanto que los combustibles minerales están gravados por impuestos específicos, por los daños al ambiente y a la salud pública que generan. Esa diferencia de encuadre tributario impacta positivamente en el consumidor.
Pero parte de los refinadores de petróleo y de sus asesores, soslayan los problemas que generan los productos que ofertan, quieren que el Estado grave a los biocombustibles, y señalan que Programa Nacional de Biocombustibles implica un costo fiscal por la no recaudación por Impuestos a los Combustibles Líquidos y CO2 asociado al uso local de biocombustibles.
Argentina asumió compromisos vinculados a la mitigación de los efectos del cambio climático a través de leyes y tratados internacionales. Según estudios realizados por el INTA, los biocombustibles reducen más de 70 % promedio la huella de carbono en comparación con los combustibles minerales que sustituyen.
La Fadic solicita la prórroga también por el potencial bioenergético de las provincias, y la fuerza de la agroindustria, una de las áreas en las que Argentina brilla mundialmente por eficiencia y productividad.
