El fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, libró un pedido de allanamiento en las oficinas del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Los operativos se realizaron en calle Entre Ríos 457 de barrio Nueva Córdoba, en el marco de la investigación por irregularidades en las cárceles de la provincia.
En el lugar, dirigido por Juan María Bouvier, buscan elementos probatorios que ayuden a profundizar lo que se viene investigando desde junio pasado, cuando el propio SPC presentó una denuncia que comprometió al uno de los subdirectores de la cárcel de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán, quien está detenido.
QUÉ INVESTIGA LA JUSTICIA EN LAS CÁRCELES DE CÓRDOBA
Según detalló La Voz, la investigación apunta a un grupo que integra una “asociación ilícita” que vendía favores a los presos (a cambio de dinero), en especial, la tramitación de certificados de avance en la capacitación para, de este modo, reducir los tiempos de encierro.
Por lo que, los responsables están acusados de asociación ilícita, independientemente de otros delitos que se les puedan achacar de modo individual.
UNO POR UNO, LOS DETENIDOS EN LA CAUSA
Por la causa, además de Guzmán, está detenido el abogado penalista Alfredo Ciocca y el particular Ramón Salas, un exempleado provincial que fue echado de inmediato por el Ejecutivo. Salas sería un “intermediario” de las operaciones ilícitas en el penal de Bouwer.
Posterior a esto, el fiscal lanzó 10 allanamientos a estudios jurídicos y domicilios particulares y ordenó dos nuevas detenciones. Los aprehendidos fueron: el abogado Julio César Páez y el otro el “particular” Aldo Campos, quien sería un “intermediario” que cobraba dinero a cambio de favores a los detenidos.
En ese segundo allanamiento, además de la detención de Páez y Campos, se les secuestraron los celulares a otros tres abogados penalistas. Un mes después, Gustavo Murga fue detenido por orden de Gavier. Días después, sus abogados solicitaron el recupero de la libertad.
UNA SEGUNDA INVESTIGACIÓN CONTRA AUTORIDADES CARCELARIAS
Tras esta explosión, un nuevo escándalo se desató en el SPC. Allí, fue puesto en situación pasiva al director de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), Julio Heredia, por haber tenido supuestamente trato preferencial con el exsubjefe de la Cárcel de Bouwer, subprefecto Guzmán.
En ese momento, fuentes oficiales señalaron a La Voz que Guzmán recibía “beneficios y tratos preferenciales” en la UCA (la Alcaidía): salía de su celda, iba al consultorio y desayunaba con el jefe del establecimiento; todas situaciones irregulares para cualquier preso.
