Unión Popular Federal (UPF) es una agrupación política que presentó cinco listas en Córdoba en las elecciones PASO. En las votaciones, consiguió sólo el 1% de los votos. Aún así, por el artículo 32 de la ley 26.571, recibiría una fortuna del Estado. En paralelo, la Justicia decidió investigarlo.
UPF Y LA FORTUNA QUE RECIBIRÍA DEL ESTADO
Según la regulación, la Cámara Nacional Electoral destinó 438.552.753 pesos para el distrito Córdoba que debían ser utilizados para la impresión de boletas. La Dirección Nacional Electoral otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una boleta por elector. Para este 2023, el costo por boleta es de 2,90 pesos.
De esta manera, UPF debería recibir 90 millones de pesos por las boletas de las cinco listas con candidatos. Caber recordar que, había presentado siete propuestas pero dos no fueron aprobadas por la Justicia Electoral.
Unión Popular Federal ni siquiera consiguió el 1,5 por ciento de los votos para seguir en carrera en octubre, pero fue la que más se favoreció.
HABLÓ MARIO PERAL, EL REPRESENTANTE DE UPF QUE SACÓ EL 1% DE VOTOS
“La Dirección Electoral Nacional deposita un solo fondo por cada partido, no por lista. Por eso presenté un recurso de reconsideración con la jurisprudencia de Bandera Vecinal. Estoy luchando por esos fondos, que nos den el dinero para imprimir los votos, no para otra cosa. Es lo que marca la ley: un fondo para cada lista”, justificó Mario Peral quien reclama que se deposite el resto de la suma avalada por la ley.
“Lo que nos está pidiendo es basado en dos fallos de la Corte Suprema que marcaron un antecedente. Ahora estamos esperando que la Justicia Electoral cordobesa nos autorice a, efectivamente, depositarle el resto de la plata (otros $ 72 millones), que sería lo que marca la ley”, explicó a Clarín un alto funcionario de la Dirección Nacional Electoral.
En diálogo con El Doce, el referente de UPF, dijo: “Llevo cinco listas porque la única manera en que yo puedo llegar al 1,5 por ciento siendo que somos un partido chico y no recibimos fondos para campaña, sí para impresión de boletas”.
“Quizás sea mucho. Yo no creé la ley, lo que la ley no prohíbe lo permite. No tenemos plata para campaña, no nos bajan los fondos. Tuve que poner la firma en una imprenta con una deuda impagable. El Estado tendrá que hacerse cargo, o yo, no sé”, agregó.
MARIO PERAL Y UPF, EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
La cantidad de precandidatos llamó la atención de la jueza federal, María Servini, quien consideró que esas agrupaciones políticas “no registran antecedentes de tener un caudal de votos que lo justifique, y que no cuentan con referentes de conocimiento masivo como para explicar la existencia real de una competencia interna”.
Ante este escenario, sospecha que la cantidad de candidaturas se hizo para recibir una gran cantidad de fondos del Estado. Ahora, la Justicia Federal ordenó una auditoria para saber si se imprimieron la cantidad de boletas que figuran en el padrón.
Por su parte, Peral confesó que “tienen 5 millones de pesos, pero $1.700.000 tienen que reintegrarlo porque una de las listas no llevó un parlamentario”. Luego, justificó la gran cantidad de listas y boletas ya que “eran la única manera de hacer campaña y publicidad en época de elecciones”, según sus palabras.
Además, aclaró que “imprimieron las boletas que marca la ley” y que el dinero que tienen “no se puede tocar” y “si no se usa se tiene que devolver a la Dirección Nacional Electoral”.
