Tras un conflicto que lleva años, y luego de que el miércoles pasado el intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, firmara el decreto que ratifica “en todos los términos” la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la cual, según comunicaron desde el Gobierno de la Ciudad, “desestimó el amparo presentado por la Cooperativa Integral (Coopi) y afirmó que el agua potable de Villa Carlos Paz pertenece al Municipio y sus vecinos”, y de este modo, dando lugar al decreto firmado por el exintendente Esteban Avilés en el año 2016, mediante el cual se daba por finalizada la concesión con la prestataria. En este contexto, es que desde la Coopi informaron este martes que se realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La Coopi (Cooperativa Integral), junto a sus trabajadores, asociados y vecinos de la ciudad, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino - Municipalidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba - por violación a los derechos humanos consagrados en los arts. 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y el art. 6.2 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales en relación con los arts. 26 y 1.1. de la CADH”, precisaron mediante un reciente comunicado de prensa.
Calificando el accionar y los avances por parte del Municipio como una “sistemática persecución, tendientes a despojarnos, sin ninguna razón la prestación de los servicio de agua y cloacas”, es que la Coopi finalmente recurrió a una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “con el objetivo de que el Ejecutivo Municipal se abstenga de continuar con su plan sistemático de destrucción institucional”, señalaron.
Añadiendo que “dada la gravedad y urgencia de la situación”, es que dicha presentación también incluye un requerimiento puntual: “Que otorgue medidas cautelares a favor del conjunto de los y las carlospacenses y de las localidades ubicadas al sur del departamento de Punilla, y por consiguiente, exija al Estado Argentino (Municipalidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba) la suspensión de la decisión arbitraria e inconsulta del Poder Ejecutivo de Villa Carlos Paz (Decreto N° 466/16) y de toda otra decisión administrativa que adoptare en ese sentido.
En una conferencia de prensa a cargo del Dr. Claudio Orsoz junto a integrantes y representantes de la institución cooperativa, se hizo puntual hincapié en que la presentación efectuada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano- contempla y “representa a aquellos que se ven afectados ante una grave violación de los derechos humanos como es el acceso al agua, uno de los bienes más escasos del planeta”, resaltaron.
Por su parte, desde la Coopi también expresaron que el pasado 3 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “notificó formalmente la recepción de la presentación internacional realizada y dio curso a las medidas cautelares requeridas”.
Y añadió: “Se exige a las autoridades municipales se abstengan de seguir avanzando en su irracional embestida institucional”, apelando a que “se retome la sensatez para que Carlos Paz y la región cuenten con lo mismo que cuentan todas las prestatarias de servicios: un contrato de concesión que garantice la continuidad de su vida Institucional y de sus fuentes de trabajo”, finalizaron el reciente escrito y a la espera de una convocatoria, la cual proponen que sea “honesta, orientada a solucionar un conflicto sin sentido”.
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