Que la toma de colegios de la Ciudad de esta semana, en protesta contra una reforma educativa aún no implementada, haya coincidido con el Día del Maestro y concluya hoy con un acto recordatorio de La Noche de los Lápices, aquella masacre perpetrada en la última dictadura contra estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil, da cuenta de cuánto cambió la Argentina en estos cuarenta años. Pero también da cuenta de la distancia que existe entre lo que decimos que hacemos con la participación política en nuestra vida democrática y lo que verdaderamente hacemos con ella.
El Gobierno de la Ciudad anunció cambios en los planes de estudio de la enseñanza media que se podrían instrumentar de manera gradual a partir del año que viene.
Incluyen, entre otros puntos, prácticas de formación profesional en el último año de la secundaria para aproximar a los estudiantes a su inserción laboral futura. El propósito de la reforma, según el anuncio oficial, es concretar una renovación tendiente a mejorar la educación, no sólo en estructura y planes, sino también en perspectivas para superar signos de agotamiento y promover un espíritu motivador que alcance a sus directivos, docentes y alumnos.
La reforma de la secundaria porteña va en línea con los cambios generales que promueven el Ministerio de Educación nacional y el Consejo Federal de Educación para adaptar la escuela media a los nuevos tiempos y lograr un descenso de la deserción. Los cambios en los planes de estudio consistirían en agrupar las materias en cuatro áreas: ciencias sociales y humanidades, científica-tecnológica, comunicación y expresión, y orientaciones.
El 30% de los contenidos serían dados por los docentes en forma tradicional y el resto del tiempo se destinaría al “trabajo autónomo y colaborativo” de los alumnos. En lugar de notas numéricas habría un sistema de “créditos” aún no especificado y el último año estaría dedicado a prácticas profesionales en empresas u organizaciones.
Frente a estos anuncios, los centros de estudiantes de más de veinte colegios de la Ciudad decidieron tomar los edificios y declararse en asamblea, “en defensa de la educación pública” con una serie de peticiones que incluyen el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado y la denuncia de una supuesta “violencia institucional contra la juventud y la escalada represiva”.
Quienes lideran las acciones de protesta esgrimen que las prácticas laborales que contempla la reforma de la escuela secundaria sólo servirán para garantizarles “trabajo precarizado” a ciertas empresas.
La interrupción del ciclo lectivo por parte de los estudiantes logra atención pública sobre el tema pero al mismo tiempo suspende la actividad normal e impide que se establezca un verdadero debate sobre la reforma de la educación. Se pierden demasiadas horas de clases con estas medidas que se repiten año tras año, con diferentes motivaciones por parte de sus promotores.
La ocupación de los colegios representa una metodología que acaso puede justificarse frente a reales situaciones de avasallamiento o hechos excepcionales y cuando se encuentran obstruidas o agotadas las vías de representación e interlocución y diálogo. Y si muchos estudiantes creen, o les hacen creer, que están protagonizando peque- ñas “tomas de La Bastilla”, el episodio emblemático de la Revolución Francesa, están algo confundidos.
Su reiteración desgasta la herramienta, ocasiona perjuicios al entorno social y resulta, finalmente, contraproducente respecto de los fines que se propone.
Se reclama por los déficit educativos pero a la hora de plantearse cambios y reformas se prefiere que todo quede cómo está. Se declama la defensa de la educación pública pero se la boicotea con medidas de fuerza que no están acompañadas de propuestas superadoras. Se moviliza para la protesta pero se desmoviliza -o no se pone el mismo empeño- cuando hay que prepararse para estudiar, aprender, transmitir conocimientos.
Sería una buena idea, tal vez, que las autoridades educativas convocaran a las representaciones estudiantiles a un mayor involucramiento en las reformas anunciadas. ¿Pero estarán dispuestos a participar sin afectar las horas de clase? Y los días perdidos esta semana, ¿se comprometerán a recuperarlos?
No hay posibilidad de mejorar la educación y abordar las reformas reclamadas o declamadas sin la participación activa de alumnos, padres, docentes y funcionarios del área. Pero la forma que debe adoptar ese compromiso es el diálogo, el trabajo serio y el compromiso real con el proceso educativo en todas sus instancias. Que la política entre en los colegios y en las aulas y que se salga de ellas de la mejor manera. Defendiendo en serio el derecho a la educación y las obligaciones que conlleva.
