Este viernes, Mark Rutte, el primer ministro holandés, anunció su renuncia, sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas -por error- de cometer fraude a través de las ayudas sociales que recibían.
Miles de familias fueron acusadas por error de fraude con las prestaciones sociales viéndose obligadas a devolverlas. Por esta situación muchas de ellas entraron en graves problemas financieros. Algunos de los hogares levantaron sospechas de la administración por su origen étnico, debido a su doble nacionalidad.
Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que los funcionarios a cargo del sistema impositivo pusieron fin a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, obligándolas a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.
“El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte en una rueda de prensa, agregando que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a sólo dos meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria. “Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, concluyó.
Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido no hacerse eco de estas cuestiones aun teniendo pleno conocimiento de las mismas. La renuncia de todo el gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 17 de marzo, y en plena crisis sanitaria, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.
El sistema político holandés permite la existencia de un “gobierno que ha dimitido”: puede ocuparse de los asuntos corrientes a la espera de la formación de un nuevo gobierno o de la celebración de nuevas elecciones.
Crónica de la renuncia
La semana comenzó con un video realizado por varios afectados que se difundió en redes y en la web, en el que denunciaban la situación e instaban al gobierno a renunciar.
El jueves 14 la presión contra el gobierno aumentó tras la renuncia del líder de la oposición. Se trata de Lodewijk Asscherdel, jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, durante la anterior coalición gubernamental de Rutte cuando comenzó la suspensión de pensiones.
El abogado de las víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscherdel.
Según trascendió los funcionarios del área de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.
En diciembre del año pasado, el gobierno holandés declaró querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.
Rutte dirigió tres gobiernos de coalición desde 2010. En 2017, su partido se impuso sobre la formación del diputado de extrema derecha Geert Wilders. Según los últimos sondeos, la formación liberal-conservadora (VVD) de Rutte podría encabezar de nuevo las elecciones legislativas, gracias a su gestión de la pandemia.
Con información de AFP.
