Las organizaciones que luchan por el proyecto de cupo laboral trans pusieron como límite mayo para que sea tratado en el Congreso y no descartan realizar movilizaciones si la iniciativa no ingresa a Diputados para avanzar con la sanción de la ley.
Si bien el presidente Alberto Fernández firmó en septiembre el Decreto N° 721/2020, por el que se estableció el cupo laboral trans en el sector público nacional que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos para personas travestis, transexuales y transgénero, buscan sumar un punto porcentual y que se extienda al sector privado.
A pesar de que el proyecto tiene orden de tratamiento, falta el consenso del bloque opositor, integrado por Juntos por el Cambio y el radicalismo. “Esperamos que puedan brindarnos el apoyo para dar el visto bueno y para que salga la ley”, dijo Martina Ansardi, asesora en políticas de género y diversidad para el estado y referente del Movimiento Trans Nadia Echazu, en diálogo con Vía País.
A diferencia de lo ya establecido por el decreto presidencial, el proyecto impulsado por la comunidad trans obliga a la administración pública a habilitar un mínimo porcentaje de cupo del 2% e impulsa que se estimule al Estado para que las licitaciones y los convenios con privados tengan un mínimo de exigencia en cuanto a la perspectiva de género.
Para incentivar al sector privado, se contempla la condonación de impuestos a empresas que sean inclusivas y que contraten personas trans.
“Es un beneficio para la empresa por el impacto social, vas a tener un clima inclusivo. Por otro lado, hay puestos que necesitan formación y experiencia, pero hay otros que tienen mínimos requisitos. Hemos insertados 18 compañeras trans en empresas privadas y están felices”, destacó Ansardi, quien resaltó la importancia de contar con obra social, jubilación, ART y cuenta bancaria, entre otros de los beneficios de ser un trabajador registrado.
Además, con la ley buscan ampliar la capacitación, pese a que no se cuenten con los estudios terminados para acceder al puesto.
Por su parte, advirtieron que falta la adhesión de los municipios y de las provincias al cumplimiento del cupo laboral trans. “Falta el debate social, que es lo que nos da la ley, un debate en el Congreso. No estamos pidiendo un subsidio sino trabajo”, dijo Ansardi sobre el proyecto, cuya aplicación está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
“El colectivo trans no tiene oportunidades; cuando las tengamos, vamos a ver si la elección sigue siendo el trabajo sexual. Está también el problema habitacional, se niega el derecho a la vivienda digna. Hay una bajada cultural de que la única imagen de las trans es la exuberante que es trabajadora sexual”, agregó.
Cifras que preocupan
En ese sentido, cabe destacar que, según el INADI, el 77% de la población de la Ciudad de Buenos Aires experimentó alguna vez una situación de discriminación y el 37% de estos casos se da en el ámbito laboral. Pero si se pone la lupa sobre la comunidad trans, la situación es más cruda.
Su condición sexual es uno de los motivos por los que conseguir un trabajo es una tarea utópica. Pero, en este sentido, otro de los alarmantes factores es la discriminación por el HIV. De acuerdo al Ministerio de Salud de La Nación, la prevalencia de esta enfermedad en las mujeres trans es del 34%, mientras que en la población general es del 0.4%. Asimismo, las chicas trans son las que tienen mayor índice de mortalidad como consecuencia del HIV (el promedio de vida es de 40 años y sólo el 1% tiene 62 años o más).
En tanto, según un estudio de ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) y REDLACTRANS (Red de Personas Trans de América Latina y el Caribe), el 95% realizó trabajos sexuales en algún momento de su vida, sólo el 5% aseguró no haberlo realizado y el 70% ejerce el la prostitución cotidianamente como medio de subsistencia o para compensar los bajos ingresos de otras actividades laborales.
