El viernes 29 el ministro de Economía, Martín Guzmán, invitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a reunirse para lograr un acuerdo en relación a la coparticipación correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires tras la aprobación, el 28 de diciembre pasado, en el Congreso de la Nación, de la ley 27.606.
Según trascendió, ni el jefe de gobierno ni otras autoridades de la Ciudad concurrirán al encuentro ya que no convalidan la Ley y han interpuesto un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que declarase su inconstitucionalidad.
Para los representantes de la Ciudad el tema está en manos de la Corte y el diálogo debería haberse propiciado antes de la ley y del decreto, en el que, según ellos, el Ejecutivo Nacional rompió unilateralmente “acuerdos que ya estaban firmados, vigentes y en ejecución”.
El mes pasado, Guzmán ya había enviado una nota pidiendo un encuentro con Rodríguez Larreta. A 30 días de que pase el período establecido en la ley, el ministro insistió.
Ese acuerdo para el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” daba 60 días al Poder Ejecutivo Nacional y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que acordaran, bilateralmente, el gasto anual que demande la transferencia de servicios realizada (la policía) y su mecanismo de actualización trimestral.
Mientras no haya acuerdo
Guzmán indicó en su carta del viernes último que, según las disposiciones del artículo 3° de la ley mencionada, “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto”, mensualmente el Tesoro Nacional transferirá a la CABA la doceava parte de $24.500 millones, “a cuenta del monto que finalmente acordemos”. En ese sentido, el ministro indicó que, “en cumplimiento de este artículo”, ayer hizo una transferencia de $2.243 millones “correspondientes al mes de enero de 2021 y del proporcional del mes de diciembre de 2020”.
Según publicó el diario La Nación, la carta exhortaba: “Con el objetivo de dar continuidad al diálogo que desde los ministerios del Interior y de Economía se inició al comienzo de la gestión de gobierno, reitero la invitación a un encuentro que nos permita construir un acuerdo adecuado a lo establecido en el marco de la institucionalidad”.
Y seguía: “Consideramos que la cuestión por la que le escribo constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente. Para ello, sería necesario trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización”.
La nueva Ley, aprobada en el Congreso, le quita a la administración porteña un 2,1% del dinero que recibe ($65.000 millones u 11% del presupuesto 2021 de la Ciudad, según fuentes porteñas). Meses atrás, tras las protestas policiales en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ya le había reducido parte (1,18 puntos) de la coparticipación al jefe de gobierno porteño con el argumento de que -para la creación de la metropolitana- Mauricio Macri (siendo presidente) había incrementado los recursos porteños por encima de lo necesario.
Luego de esa decisión de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema para que se anule el decreto presidencial 735.
