El canciller Felipe Solá se manifestó este miércoles en rechazo a la decisión de Colombia de no permitir el ingreso al país de Juan Grabois, que llegó como parte de una misión internacional para verificar las violaciones de derechos humanos durante las protestas en ese país.
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“Lamento que autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede @JuanGrabois, que integraba la delegación de observadores de derechos humanos @misionIntCol”, tuiteó Solá.
El hecho se dio el martes, cuando Grabois, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quiso ingresar a Colombia junto a otros miembros de organizaciones sociales que integran la misma misión.
En las redes sociales, el activista contó que “luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad”, el Gobierno colombiano le expulsó de su territorio al considerarlo un “riesgo para la seguridad de Estado”.
“Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia. ¡Fuerza!”, agregó.
La postura oficial colombiana
Migración Colombia detalló en un comunicado que Grabois fue el único miembro de la delegación de 20 personas a la que no se autorizó a ingresar al país después de negarse “a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte”.
A esto se suma, según la autoridad colombiana, que el activista también “faltó al respeto al oficial de Migración y al supervisor a cargo”.
“El extranjero, quien de forma vehemente exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión. Migración Colombia rechaza este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso”, destacó el comunicado.
Por su parte, María Elena Navarro, una de las compañeras de Grabois en la misión, expresó en un video que “es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación”.
La Misión, integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas, llegó el martes a Bogotá para “acreditar, relevar y visibilizar la situación” de derechos humanos en el marco de las protestas que se dan en Colombia desde el 28 de enero, donde se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y que han dejado más de 40 víctimas mortales.
Con información de EFE.