Con posiciones divididas tanto en el oficialismo como en la oposición, el proyecto de etiquetado frontal de alimentos con exceso de grasas, azúcares y sodio recibió dictamen sin cambios en la Cámara de Diputados y quedó listo para ser convertido en ley, en medio de una gran expectativa social y un fuerte lobby empresario.
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La iniciativa será votada en la próxima sesión, que todavía no tiene fecha ya que el calendario electoral entró en una fase decisiva de cierres de alianzas y listas, y la Cámara baja entrará el próximo viernes 23 en receso invernal por dos semanas.
Hasta último momento el Frente de Todos intentó arribar a un dictamen único, pero finalmente no pudo evitar la fisura: el grueso de los diputados avaló el texto aprobado en el Senado, mientras que Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, firmó una propuesta alternativa junto a otros representantes de Tucumán y Jujuy.
“Lamento no haber podido convencer de que la ley tiene algunos errores que, a mi manera de ver, no podrán ser salvados en la reglamentación”, advirtió Yedlin, que intervino apenas inició el debate y luego se desconectó con la excusa de un acto en su provincia junto al gobernador Juan Manzur.
Juntos por el Cambio también se dividió: una parte del interbloque se sumó al despacho de mayoría; otros se encolumnaron detrás de un dictamen presentado por Carmen Polledo (Pro), que propuso utilizar el modelo “semáforo” en lugar de los octógonos negros; y unos pocos se inclinaron por el rechazo, encabezado por otro macrista, Alejandro García.
El debate se desarrolló en las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria, donde todos coincidieron en el objetivo de promover un consumo informado y proteger la salud, pero plantearon diferentes visiones sobre el formato y los criterios del etiquetado, y sus consecuencias para la industria alimenticia.
“Avanzamos en saldar esta deuda que nos reclama la sociedad”, destacó la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, encargada de lidiar con las distintas posturas al interior del Frente de Todos. El dictamen de mayoría también sumó firmas de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón.
La oficialista Daniela Vilar explicó que “hay evidencia científica que nos lleva a dos conclusiones: los octógonos negros con la palabra ‘exceso’ en blanco son el mejor sistema gráfico; y el perfil de nutrientes más apropiado es el de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”.
Sin embargo, tanto Yedlin como Graciela Camaño (Consenso Federal) rechazaron que ese sea el parámetro para determinar los niveles de exceso. “Ese perfil es erróneo y falaz. Perfectamente se puede reemplazar por un sistema de umbrales fijos como Chile, Uruguay y Brasil. Yo no se lo dejaría a los burócratas de los organismos internacionales”, cuestionó la lavagnista.
Yedlin sumó otras propuestas de modificaciones: que el etiquetado solo sea utilizado en productos procesados y ultraprocesados, con algunas excepciones (como fórmulas para lactantes, suplementos dietarios, endulzantes y edulcorantes de mesa); plazos más amplios para que las empresas se adapten a la ley; y que el Poder Ejecutivo pueda armonizar la norma con otros países del Mercosur.
Polledo, por su parte, alertó que “lo que está en discusión es si nos conformamos con informar y educar o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras, con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios”.
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La legisladora consideró que “hay otros métodos con respaldo científico que son menos agresivos y estigmatizantes” que los octógonos y propuso adoptar, como en el Reino Unido, el sistema de “semáforo”, que incluye las categorías “alto”, “medio” y “bajo” y les asigna los colores rojo, amarillo y verde de acuerdo a los límites establecidos para cada nutriente crítico.
Por el dictamen de rechazo, García lamentó que no se haya buscado “un real acercamiento al sector de la industria alimenticia” para, por ejemplo, darle más plazo a las empresas, que tendrán seis meses para adaptarse a la ley (las pymes tendrán 12 meses más, con posibilidad de prórroga).
“Me pregunto si tenemos en cuenta la dimensión real de los sectores involucrados: el sector de la industria alimentaria es el único que tiene presencia en todas las provincias, con casi 15 mil establecimientos productivos, de los cuales el 97% son pymes con menos de 50 empleados”, advirtió el diputado del Pro.
De acuerdo con el proyecto, el octógono negro no podrá ocupar menos del 5% de la superficie de la cara principal del envase, y no podrá estar cubierto por ningún otro elemento. Los productos que contengan edulcorantes o cafeína deberán llevar una leyenda adicional para desalentar su consumo en niños.
Quedarán exceptuados del sello de advertencia el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos y la sal común de mesa. Diputados de distintos bloques aclararon que el listado se podría ampliar en la reglamentación.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires.
