Luego los ajustes del 36% acordados como cierre de las paritarias, el ministerio de Salud autorizó el aumento de las cuotas de las Prepagas en un total de 10%. Se permitió un alza de hasta un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo.
Es lo que habían acordado las empresas de Salud en el marco de la paritaria que resolvió complementar el aumento salarial “para llegar al 36%, correspondientes a la cláusula gatillo 2020”, según informó la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) e informó el diario “Clarín”.
Con estos aumentos, un plan familiar medio tendrá un costo de entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales. Un aliciente que tienen los trabajadores alcanzados por Ganancias es que pueden deducir de la base imponible del impuesto hasta el 5% de los ingresos netos de cada año.
Los anteriores aumentos de prepagas fueron del 10% en diciembre y el 3,5% desde marzo. Luego el Gobierno frenó otro aumento del 3,5% desde abril a la espera de los acuerdos que se alcanzaran en la paritaria del sector y su incidencia sobre el costo de las empresas de Salud.
También se definió que las clínicas y sanatorios recibirán “un aumento del PAMI del 34% dividido en cuatro tramos (12% en enero, 9% en abril, 9% en junio y 4% en octubre); un 4,5% en abril y un 5,5% en mayo por parte de la medicina prepaga; y se estableció que, bajo resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud exigirá a las obras sociales que también otorguen un 4,5% en abril y un 5,5% de aumento en mayo”.
A su vez, “desde el Gobierno garantizaron a la FAPS la continuidad del Repro Salud durante la pandemia”, asegura la Federación.
Por el Repro II, en febrero aumentó de $ 9.000 a $ 18.000 mensuales el monto que paga el Estado por trabajador a los prestadores de salud como clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores.
Este refuerzo del Repro II se complementó con la eximición otorgada al sector de Salud hasta el 31 de marzo del pago de las contribuciones patronales a la Seguridad Social.
Esta eximición de pago incluye a clínicas y sanatorios y también a obras sociales y prepagas, más la extensión, también por 90 días, de la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, que se prorrogan mientras dure la pandemia.
En tanto desde el Ministerio de Trabajo reconocen que debido a que para el sector Salud “los costos no laborales crecieron en una magnitud muy superior a los costos laborales, las empresas se encuentran obligadas a asignar un porcentaje mayor al habitual de sus ingresos para adquirir insumos médicos y otros servicios necesarios para la provisión de salud a la población”.
Y agregaron: “Por esta razón, es factible en determinadas circunstancias, aun verificándose un incremento de la facturación mayor que el costo laboral (o una caída de la facturación menor que el costo laboral), que las prestadoras de salud enfrenten dificultades para abonar los salarios, ya que deben asumir un aumento mayor en otros insumos básicos”..
