Después del pedido del Gobierno nacional a los colegios privados de garantizar “la continuidad de la educación no presencial” por el “crecimiento de la curva de contagios” de coronavirus, las cámaras que nuclean a estas instituciones adelantaron que no consideran una intimación la solicitud.
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“Estamos citados a las 12:30. Desde que empezó la pandemia tenemos encuentros y un nivel de diálogo fluido con el ministro, que nos escucha y atiende nuestras necesidades y nosotros hacemos lo propio con lo que nos plantea”, dijo a TN Rodolfo De Vincenzi, titular de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada, que se reúnen este jueves con Trotta.
Pocas horas antes, el Gobierno envió una carta a los colegios privados, solicitando que “se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales”.
Fue una forma de apremiarlos para que tomaran la posición de la Nación en la disputa que lleva adelante contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue a la Justicia para habilitar la presencialidad, que mantiene desde el lunes, a contramano de la disposición de Alberto Fernández.
Por eso, la carta del Gobierno advierte a estas instituciones que, de incumplir el DNU —que dispuso suspender la presencialidad entre el 19 y el 30 de abril— “podría encuadrarse en los delitos de desobediencia civil y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia”.
“Lo tomamos como que expresa la posición del Gobierno sobre esta colisión de fallos que existe con respecto al DNU del Presidente. No como intimación”, reiteró De Vincenzi. “Además creemos que no sería pertinente hacerlo, porque los colegios somos administrados por las jurisdicciones, en nuestro caso la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
“No le corresponde a los colegios hacer interpretación de los fallos, sino como administrados atender las decisiones que toma nuestra autoridad de contralor inmediato”, explicó.
Y siguió: “Leí en los medios que alguien del gobierno Nacional habría dicho lo de la sanción penal por no cumplir. Pero nosotros no creemos que seamos sujetos de sanción. De hecho los fallos le ordenan al Jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires que acate las medidas”.
El pedido oficial
“La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”, señala el texto.
Además, la Nación argumentó que la resolución judicial dictada ayer por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 “dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021” por un “tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que permitía la presencialidad en el distrito.
“El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”, se planteó en la carta.
Incluso, el Gobierno subrayó que la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “desobedecer el fallo de la Justicia Federal generó angustia e incertidumbre en la comunidad educativa”.
En este contexto, las autoridades nacionales marcaron la “obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que alumnas y alumnos reciban clases no presenciales y las y los trabajadores no sean forzados a exponer su salud en medio del crecimiento exponencial de casos”.
Por esa razón, además, el Gobierno pidió “que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas”.
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En la misiva se adelantó también a los colegios que este jueves el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se reunirá con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para “regularizar la situación de los trabajadores afectados”, tras haberse recibido denuncias por parte de los afiliados.
Con información de Télam.
