El Gobierno pidió formalmente a los colegios privados que “se garantice la continuidad de la educación no presencial” por el “crecimiento de la curva de contagios” de coronavirus, que se acentuó “de forma preocupante” y con el objetivo de “resguardar la salud de la comunidad educativa”.

//Mirá también: La Ciudad ratificó que las escuelas seguirán abiertas hasta que falle la Corte

En la misiva, el Gobierno solicita que “se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales”.

A través de una carta, enviada por los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la Nación ratificó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/221 e instó a las instituciones a cumplir con esa norma, “de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal”.

Clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Federico Lopez Claro)

“La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa”, señala el texto.

Además, la Nación argumentó que la resolución judicial dictada ayer por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 “dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021” por un “tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que permitía la presencialidad en el distrito.

El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía”, se planteó en la carta.

Incluso, el Gobierno subrayó que la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “desobedecer el fallo de la Justicia Federal generó angustia e incertidumbre en la comunidad educativa”.

Horacio Rodriguez Larreta (Foto: Clarín)

En este contexto, las autoridades nacionales marcaron la “obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que alumnas y alumnos reciban clases no presenciales y las y los trabajadores no sean forzados a exponer su salud en medio del crecimiento exponencial de casos”.

Por esa razón, además, el Gobierno pidió “que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas”.

En la misiva se adelantó también a los colegios que este jueves el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se reunirá con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para “regularizar la situación de los trabajadores afectados”, tras haberse recibido denuncias por parte de los afiliados.

//Mirá también: Clases presenciales: Horacio Rodríguez Larreta fue denunciado en Comodoro Py

Este miércoles, Trotta y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, ya habían enviado notas a instituciones privadas, en las que habían rechazado la posición del Gobierno porteño y considerado que la ciudad adoptó “una actitud política y jurídica irresponsable”, tras haber decidido mantener la presencialidad en las escuelas, pese al fallo contrario de la justicia federal.

“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, señalaron.

En esas cartas los ministros aludieron, sin nombrarlo, a Rodríguez Larreta, al referir que “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.

“Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”, escribieron Soria y Trotta en sus misivas que dirigieron a las autoridades del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec); de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).

Con información de Télam