Como señala Héctor Ruiz Núñez en su libro "La Cara Oculta de la Iglesia", "la mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina comienzan en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento de las propiedades eclesiásticas derivó de donaciones y herencias".
Y así nació una relación que en la actualidad es criticada por parte de la sociedad, sobre todo por el sostén económico del culto católico. Pero cabe recordar que la Iglesia tenía 35.000 hectáreas de campos donde luego se establecieron los partidos de Luján, Merlo, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero; en la provincia de Buenos Aires. También era dueña de 300 manzanas en CABA.
La renta que producían estas tierras servían al sostenimiento de las obras religiosas, el mantenimiento de orfanatos, hospitales y a la creación de nuevas comunidades y parroquias, en una región floreciente y con un crecimiento demográfico muy veloz.
Siendo ministro de Gobierno de Martín Rodríguez, en el año 1822, Bernardino Rivadavia, realizó lo que se llamó Reforma Eclesiástica, la cual llevó durante muchos años a reclamos de la Iglesia: expropió numerosos bienes, que no eran de uso litúrgico.
A cambio de esta expropiación, la Iglesia no obtuvo ningún pago o indemnización. Un ejemplo es el de los Monjes Recoletos, que perdieron sus bienes por completo, en lo que hoy se conoce como el Cementerio de la Recoleta.
En las Constituciones de 1853 y de 1994, figura el Artículo 2 que señala el sostenimiento del Culto Católico y por último, el gobierno militar de la última dictadura promulgó una ley dando respuesta al reclamo por la renta que nunca se había entregado.
Dice Rivadavia también que, "con el inicio de la reforma eclesiástica, hay una ley en la Constitución que dice, en su artículo 19, que desde el 1 de enero de 1823, quedan abolidos los diezmos y las atenciones a que eran destinados serán cubiertos por los fondos del Estado".
Sostiene Ruiz Núñez que "la Iglesia en Argentina era una organización independiente del Estado y fue el Estado el que la quiso hacer dependiente para tener mayor control sobre ella.
Es cierto también que la gran mayoría de los colegios católicos del país reciben subvención estatal para el pago de sueldos, pero también es verdad que son esos mismos religiosos los que los gestionan y mantienen en buen estado, gracias a los fieles en muchos casos, liberando, en alguna medida, al Estado de un 30% del total del alumnado del país, que salen de la educación pública hacia las escuelas religiosas. Así lo sostiene el docente y comunicador Edgardo Fretes en una columna de opinión en el diario Los Andes.
El Estado destina anualmente unos 174 millones de pesos al sostenimiento del culto católico, pero la Iglesia atiende con ese dinero también, comedores, hogares de chicos, de ancianos, algunas funciones en hospitales, etc de todo el país, que el Estado no alcanza a cubrir.
A través de Cáritas Nacional, invierte en educación, ayuda inmediata y emergencias, desarrollo institucional, abordaje de las adicciones y economía social y solidaria. Si tenemos en cuenta que la colecta de Cáritas se divide en tres tercios, el primero para Cáritas nacional, el segundo para la Cáritas diocesana y el tercero para Cáritas parroquial, la ayuda se triplica y suma así también las donaciones que en todas las parroquias se reciben a diario, para el desarrollo de Cáritas.
Este rol de caridad es propio de la Iglesia, y no debería reclamar nada a cambio, ni siquiera algún tipo de beneficio, más allá del cuidado que tiene que tener con todos sus feligreses.
