Y esto sólo en los últimos cinco meses. El miedo a las torturas o desapariciones lleva a muchas personas a pedir asilo en otros países, saliendo de Nicaragua.
Zaid Ra'ad al Hussein pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU actuar para prevenir que la violencia en el país centroamericano no se profundice críticamente.
"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", dijo a través de un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe calcula trescientas personas muertas y más de dos mil resultaron heridas por las diversas formas de represión de las autoridades, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la intimidación feroz de los críticos durante los últimos cinco meses.
"Cualquier medida" que sea adoptada "debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia", indicó Al Hussein en el comunicado.
El presidente Daniel Ortega, rechazó las críticas y negó haberse excedido en el uso de la fuerza contra manifestantes. Indicó que el informe de la ONU "es parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas".
La crisis en Nicaragua comenzó en abril con protestas de activistas, estudiantes y comunidades rurales por cambios al sistema de seguridad social y por la falta de respuesta a incendios forestales en el sur del país. Las manifestaciones escalaron rápidamente; incluso muchos piden la renuncia del presidente Ortega.
Las fuerzas de choque y turbas, comenzaron a reprimir las protestas en la capital, Managua, y en ciudades como Masaya. La policía, con municiones reales y francotiradores, abrió fuego contra los manifestantes, en ocasiones a matar, según el reporte de Naciones Unidas.
Se trata de "elementos armados bien entrenados y dotados con vehículos, equipo y armas militares, incluyendo armas de alto calibre como el AK-47 y fusiles de francotirador Dragunov", dice el informe sobre los paramilitares, que indica que usualmente son escoltados por policías y visten colores similares y pasamontañas antes de abrir fuego contra manifestantes.
Algunas protestas en contra del gobierno han derivado en violencia, pero los representantes de la ONU dicen que no hay evidencia para sugerir que esa violencia entre manifestantes se dio de manera coordinada. Por el contrario, dice que las fuerzas de choque actúan en conjunto o en coordinación con fuerzas de seguridad.
Las protestas se han reducido en las últimas semanas, lo que “indica el efecto inhibitorio de la represión ejercida”, dice el informe.
La persecución contra disidentes, con despidos arbitrarios de funcionarios civiles y la intimidación a cualquier persona con posibles vínculos con las protestas o que defienda el derecho a manifestarse, ha obligado a muchas personas a recluirse o a huir del país.
La cantidad de nicaragüenses que han huido hacia Costa Rica se disparó desde mayo, según William Spindler, portavoz de la Agencia para Refugiados de la ONU. Los flujos llevaron a la agencia a crear una oficina de campo cercana a la frontera y a preparar la entrega de ayuda humanitaria. Es que ya se calcula en alrededor de 25.000 los nicaragüenses que han pedido asilo o piensan hacerlo en los próximos meses, concluyó Spindler.
