En Estados Unidos, la interrupción del embarazo es legal desde 1973 gracias al fallo de Roe vs. Wade cuando la Corte Suprema de Justicia decidió que la mujer, amparada en el derecho a la privacidad, podía elegir si continuaba o no con un embarazo hasta el momento en que el feto se transforme en "viable", es decir, que pueda vivir fuera del útero materno sin ayuda artificial. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental en los EEUU por lo que no podía legislarse en su contra en ningún estado.
El juez Anthony Kennedy anunció su retiro a principios de julio y provocó miles de especulaciones sobre la revocación de la ley Roe. Si bien muchos señalan que esta revocación es incierta y lejana, unos y otros esperan la reformulación de la corte con dos magistrados cercanos al presidente Donald Trump. Esta supremacía de la derecha en la corte puede apoyar la restricción del aborto, ya que hay varias demandas en ese sentido.
La innovación científica permitió más y mejores medidas y, sobre todo, más seguras para prevenir la fecundación o interrumpir un embarazo, y esto provoca que el índice de abortos disminuya considerablemente.
"Ahora vivimos en un mundo nuevo", dijo Aziza Ahmed, profesora de Derecho de la Universidad Northeastern que escribe sobre las leyes de derechos reproductivos. "La mayoría de las mujeres estadounidenses usa algún tipo de método anticonceptivo. Damos por hecho que podemos controlar cuándo y cómo nos queremos reproducir. Consideramos que el embarazo está dentro de lo que podemos controlar".
Según cifras del diario The New York Times, hay leyes estatales que quieren reducir las fechas sobre la viabilidad del feto. Iowa aprobó una ley para prohibir la mayoría de los abortos después de las seis semanas, cuando ya se detecta latido cardiaco en el embrión. Misisipi aceptó hace poco la prohibición de abortos después de las quince semanas.
Sin embargo, las mujeres tienen a su disposición múltiples herramientas: dispositivos intrauterinos, implantes hormonales que ayudan a prevenir el embarazo durante años con una sola aplicación; pruebas caseras de embarazo a muy bajo costo y pastillas del día después, algunas de las cuales incluso se pueden comprar sin receta y pueden prevenir la concepción si se ingieren hasta cinco días después de tener relaciones sexuales sin protección.
La otra cara de la moneda es el efecto negativo que podría tener en algún cambio legal que haga que el aborto sea menos accesible, sobre todo en los colectivos negros, latinas y las que están en una situación económica por debajo de la media. Esto, en definitiva, afectaría a millones de mujeres.
Un informe de este año elaborado por el comité de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina descubrió que tres cuartos de mujeres que se practican abortos son pobres o de bajos recursos, y el 61% son de raza negra. Estas mujeres son las más perjudicadas por las leyes que restringen el aborto en el ámbito estatal, como aquellas que exigen que haya periodos de espera o que limitan el número de clínicas que pueden llevar a cabo las prácticas.
Jéssica González Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva , señaló que "las más afectadas son las migrantes ya asediadas, las mujeres de bajos ingresos, las de alguna etnia o color, las transgénero y las lesbianas. Tener una Suprema Corte más apegada a estas normas restrictivas constituye una prohibición de facto para este tipo de atención médica, el aborto y la anticoncepción. El acceso legal sin acceso real significa un acceso inexistente", concluyó.
