Máximo Kirchner presentó un proyecto que tuvo un tratamiento legislativo tan veloz como el fuego. Justamente, la iniciativa del presidente del bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados establece la prohibición por entre 30 y 60 años de la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.
Tras ser presentado la semana pasada, el proyecto obtuvo en la tarde de este lunes 17 de las 31 firmas posibles de la comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, que preside el bonaerense Leonardo Grosso, del Movimiento Evita.
Esas 17 firmas son de diputados del oficialismo y de opositores como Graciela Camaño, de Consenso Federal, y Pablo Ansaloni, que fue integrante de Cambiemos hasta que este año, tras la asunción de Alberto Fernández al poder, se pasó al interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón.
Camaño confirmó su apoyo señalando que "el problema de este proyecto es casi fundamentalmente que el autor se llama Kirchner".
En cambio, nueve firmas de la comisión, las de Juntos por el Cambio (JPC) fueron por el dictamen de rechazo, que presentó la radical cordobesa Brenda Austin, quien argumentó que en vez de proteger a los bosques, que ya están protegidos por la legislación en vigencia, se está haciendo exactamente lo contrario.
Qué dice el proyecto
La iniciativa presentada por Kirchner modifica el artículo 22 bis de la ley 26.815, de Manejo del Fuego, que de ser aprobada por ambas cámaras establecería que "en caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 años desde su extinción a) realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares", y "c) la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales.
Además, como inciso d) establece también la prohibición de "cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
Al fundamentar su rechazo, Austin insistió en que la actual ley ya establece la "protección perpetua", al no establecer plazos e impedir modificaciones "en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente".
"Ustedes borran ese artículo y lo reescriben", dijo la radical cordobesa, al señalar que esto "supone un retroceso para el piso de protección" de estas tierras.
Al final del debate, Grosso respondió que se agregó, al final del primer artículo, que las prohibiciones por seis décadas se aplicarán "sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
"Se apela a la aplicación de la ley más benigna, no hay un criterio de regresividad en esta ley", dijo el diputado oficialista y resaltó que este año "se prendió fuego 44 veces la Capital Federal" y que el objetivo de la iniciativa es "que el fuego no sea más un negocio en la Argentina".
Austin sostuvo que "hay una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando", porque según la legislación ya vigente "un bosque que se quema hoy en la Argentina no puede cambiársele la categoría de uso del suelo que ya tenía" y que, a su criterio, "con esta ley sí se la podrá cambiar".
"Si efectivamente lo que los mueve es la convicción de que hay que proteger nuestros bosques, los vamos a estar perjudicando", dijo la diputada por Córdoba.
Austin afirmó que "no se va a cambiar la conducta irresponsable de quien prende fuego" y dijo: "Supongamos que los incendios en las islas del Litoral se produjeron porque había grandes terratenientes que decidían utilizar la quema para reverdecer el pasto y llevar adelante sus actividades. ¿Esta norma va a hacer que ellos cambien esa práctica? En lo más mínimo, porque justamente si estaban utilizándola para la actividad productiva que ya la estaban realizando lo van a seguir haciendo".
También señaló: "Imaginemos que alguien quiere llevar adelante un desarrollo inmobiliario. Con esta ley, esa persona va a prender fuego para que se queme todo, ese terreno, que ya le pertenecía, lo va a subdividir y lotear. ¿Va a cambiar la práctica, o va a hacer que lo haga al revés? Claramente no hay relación entre las cosas que ustedes quieren prevenir. Comparto que hay que terminar con los incendios intencionales, porque perjudican a los que más hay que proteger, que son los bosques, pero no cambian, no protegen, no transforman las prácticas de quemas de pastizales".
Potestades provinciales
A su turno, la patagónica Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sostuvo que "la letra de este proyecto no colabora a la eficacia ni a la economía legislativa, ya que no respeta criterios ambientales establecidos por ley en nuestro país, y legisla sobre materias que otras leyes ya han legislado".
Además, Sapag —una diputada que suele acompañar al oficialismo y al Gobierno en todas sus iniciativas— dijo que el proyecto de Kirchner "cercena derechos adquiridos a privados que sean legítimos propietarios de la tierra; avanza sobre el principio de autonomía de los municipios, atentando contra lo establecido en la Constitución nacional, y no tiene en cuenta la tasa de recuperación de los ambientes dañados, que no es la misma para un pastizal, para un monte o para un bosque nativo, sino que solo propone la prohibición de uso y destino de las tierras en años para todos igual".
"Además, no hace referencia a la obligación de recomponer o recuperar las áreas afectadas por el fuego. Y restringe las facultades no delegadas por las provincias a la Nación: una ley nacional puede limitar el ejercicio de cualquier actividad en pos de la protección ambiental, pero no puede restringir el uso del suelo, competencia originaria y exclusiva de las provincias", dijo Sapag.
La diputada del MPN después le respondió a Camaño y dijo que sobre el autor del proyecto no tenía "el pensamiento ni el sentimiento" de rechazo solo por su apellido, Kirchner, "sino todo lo contrario": "Lo tengo como un compañero más, dentro de los diputados, como un militante más, como una persona más y no pienso ni siento que porque lo firme él sea diferente el tratamiento de este proyecto", afirmó.
La entrerriana del PRO Alicia Fregonese sostuvo que "esta ley no trae ninguna solución a los argentinos que sufren los incendios", porque "parte del supuesto de que los incendios son provocados por parte de los dueños de las tierras con fines especulativos". "Prejuzgan el dolo, sin tener en cuenta quién haya sido el causante", dijo.
El oficialista cordobés Eduardo Fernández, a su turno, admitió que "no será una ley para solucionar todo", sino que se está "decidiendo qué medida urgente tomar ante este ecocidio".
De esta manera, la iniciativa del hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quedó lista para ser discutida en sesión, con un escenario favorable a la media sanción y, por ende, a ser convertida en ley por el Senado, donde el FDT tiene una mayoría invencible.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
