Dentro del plazo de 48 horas que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación para responder, el Consejo de la Magistratura le envió un escrito al máximo tribunal de justicia del país en el que pide que se rechacen los per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, quienes defienden sus traslados hechos por decreto del expresidente Mauricio Macri.
El escrito de 39 páginas firmado por el presidente del Consejo, Alberto Lugones, responde a la demanda planteada por los jueces en cuestión. La Corte Suprema, que el martes pasado accedió a tratar el caso de los magistrados, también le pidió una opinión sobre la validez o no de los traslados al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Para el Consejo de la Magistratura “los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco de esta acción de amparo les genere un perjuicio concreto, directo e inmediato sobre su esfera de derechos”.
Para el organismo encargado de realizar los concursos para designar jueces, los magistrados no ven afectados sus derechos frente a la situación de tener que volver a los tribunales de origen, allí donde desempeñaban funciones antes de ser trasladados por decreto a la Cámara Federal porteña, como ocurrió con Bruglia y Bertuzzi. Aquellos traslados no fueron discutidos por el Senado.
Para el Consejo de la Magistratura, la demanda de los jueces debería apuntar al Poder Ejecutivo o al Senado, puesto que en esos ámbitos fueron revocados los traslados.
"Debe ponerse de relieve que la intervención que le cabe a este Cuerpo (por el Consejo) en el procedimiento de traslado de magistrados se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional –de carácter no vinculante–", dice el escrito firmado por Lugones.
Alberto Lugones criticó que los jueces no se hayan presentado a defender su situación, cuando semanas atrás el Senado trató los traslados ocurridos en 2018. La mayoría del Frente de Todos en el Senado votó por rechazar los pliegos. El presidente Alberto Fernández confirmó la decisión del Senado y ordenó que los magistrados regresen a sus tribunales de origen.
La Corte Suprema dejó en suspenso esta decisión al aceptar tratar la demanda de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli (quien también por decreto presidencial, fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, cuerpo que, por ejemplo, debe llevar adelante el juicio de la llamada “Causa de los cuadernos”).
La Corte les dio 30 días de licencia a los tres jueces. Con esto, se resolvió la incógnita respecto a si la aceptación del per saltum implicaba que Bruglia y Bertuzzi continúen en la Cámara Federal o regresen a los tribunales que integraban hasta 2018.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a defender la posición del Gobierno nacional: "El Gobierno actuó conforme a la Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura actuó conforme a la Constitución Nacional y, ahora, lo que queda es ver si la Corte va a actuar conforme a la Constitución Nacional", dijo Cafiero.
El gobierno impugnó los traslados de los jueces ocurridos en 2018, al considerar que no se había completado el proceso que impone la Constitución Nacional.
Para Cafiero, “en este tipo de cuestiones se juega el prestigio de la justicia y de la Corte. Si la justicia actúa y resuelve conforme a derecho o si la justicia resuelve conforme a los climas políticos”, dijo.
La Corte Suprema aprobó discutir la validez de los traslados. Juan Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti dieron un voto en común, mientras el presidente Carlos Rosenkrantz votó separado.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
