El Gobierno nacional rescindió la concesión de dos corredores viales concretados bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP) durante la presidencia de Mauricio Macri, a causa de las irregularidades e incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas por las firmas concesionarias.
Las rescisiones comprenden al Corredor E, que abarca a las rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta N° 183, en la provincia de Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el Corredor F, que comprende a la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.
Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el "esquema público-privado del macrismo (que impuso esa modalidad de obra púbica) fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron".
"El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos", agregó Katopodis en su cuenta en la red social Twitter.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Obras Públicas precisó que llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del expresidente Macri, el Gobierno inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de "irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones", dijeron fuentes oficiales a Télam.
El 27 de mayo pasado, en ese marco, se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos).
