El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, definió al "programa DACA, promulgado por la administración de Obama, como un ejercicio inconstitucional de autoridad por el Ejecutivo" estadounidense, y anunció su derogación por decreto.
Dentro de seis meses, en que perderá vigencia tras el decreto anulatorio, 800.000 indocumentados quedarán en riesgo de expulsión del país.
Sin embargo, Sessions aclaró que el gobierno del presidente Donald Trump urgirá al Congreso para que encuentre una alternativa, que proteja a los inmigrantes jóvenes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños.
Según Sessions, lo "compasivo" es acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), porque genera "anarquía",
"Lo que Estados Unidos necesita es una inmigración legal que sirva al interés del país", remarcó.
La anulación del DACA fue una de las promesas más firmes de campaña del hoy presidente Trump, quien la reiteró al llegar a la Casa Blanca. Luego, Trump pareció haber moderado su planteo. Sin embargo, hace pocas semanas retomó la ofensiva, y está a punto de anular el decreto que creó la red protectora de los llamados "dreamers" (soñadores) con otro que la quitará.
