El horno no está para bollos en el Senado. Para la sesión virtual de este jueves, Cristina Fernández de Kirchner impulsó el tratamiento de un decreto de Mauricio Macri de 2015 que le sacó a la Procuración General de la Nación, encabezada entonces por Alejandra Gils Carbó, el manejo de las escuchas y se lo transfirió a la Corte.
Como el Frente de Todos tiene mayoría, ese DNU será rechazado. Juntos por el Cambio consideró que la introducción de ese tema no solamente es una mojada de oreja política sino que va en contra del propio decreto parlamentario que dictó la vicepresidenta, mediante el cual restringió el contenido del temario de las sesiones por internet a asuntos vinculados con la pandemia y a los proyectos que enviare el Poder Ejecutivo.
La respuesta del principal espacio opositor, que tiene 25 de los 72 senadores (41 son del oficialismo), será rechazar el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de ley que ya fueron aprobados por Diputados y que este martes obtuvieron dictámenes de comisión.
El argumento de JPC es que además de impulsar un DNU por fuera del temario acordado en emergencia sanitaria (el de Macri) se intenta aprobar dos leyes por fuera del reglamento de la Cámara.
La sesión así podría marcar un antes y un después no sólo en la relación entre oficialismo y oposición en la Cámara Alta, dominada por su presidenta, Cristina, sino también dentro de JPC.
El principal espacio opositor quiere demostrar firmeza no sólo hacia la vicepresidenta, a quien le atribuye un manejo "atropellado" de la institución, sino hacia adentro, en vistas de que el oficialismo intentará más pronto que tarde quebrar al interbloque que integran la UCR y el PRO: trabaja para que algunos de sus senadores apoyen el pliego de Daniel Rafecas a jefe de los fiscales federales, una propuesta de Alberto Fernández.
Los dos proyectos ya aprobados en Diputados y dictaminados esta semana son la ley de Alquileres y la de ley de Educación a Distancia.
JPC señala que no pueden ser tratados en sesión sino hasta el martes próximo, debido a que el reglamento indica que deben contarse al menos siete días corridos desde la fecha de la firma del dictamen. JPC apoya ambas iniciativas, pero votará en contra de tratarlas.
Para tratarlas, se necesitan los dos tercios de los votos de los presentes, y el FDT no tiene ese número si no es con el apoyo de JPC.
Así, el principal espacio opositor pretende mostrar resistencia y unidad ante Cristina, el oficialismo y ellos mismos. "Frente al atropello de las mayorías, aunque los temas merezcan ser aprobados, hay que respetar los marcos institucionales", dijo a La Voz el senador por Córdoba Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO).
Combate retórico
El oficialismo de todas maneras podría ir por más: el artículo 57 del reglamento de la Cámara dice en su segundo párrafo: “En lo posible, ningún dictamen de comisión será incluido en el plan de labor si no cuenta al menos con siete días corridos desde la fecha de distribución”. Ese “en lo posible” es considerado una obligación inquebrantable en el Senado. Pero con Cristina las cosas podrían cambiar.
En Diputados, por ejemplo, todo proyecto que cuente con dictamen de comisión está habilitado a ser discutido en el recinto (o, ahora, en una sesión remota), sin importar que hubieran pasado siete días o tan solo una hora.
El Senado también debatirá otro DNU controversial: el que le otorga superpoderes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que fue rechazado no solamente por JPC sino por otros dirigentes opositores, como Graciela Camaño. Este DNU quedará firme, porque el FDT tiene la mayoría.
