El Gobierno nacional resolvió que extenderá hasta el viernes 22 de mayo la negociación con los acreedores por la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera por unos 66.239 millones de dólares.
El plazo había vencido el último viernes, pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, contempló una nueva alternativa. Es que sus allegados aseguraron que era posible escuchar contrapropuestas de los acreedores -dentro de los estándares de la "sostenibilidad"-.
La decisión del Gobierno de extender la negociación quedó reflejada en una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Allí, Economía enfatiza que "resulta conveniente extender" la fecha de vencimiento "a los efectos de incrementar la participación y continuar con la agenda de comunicación activa con los tenedores de los títulos elegibles".
"Esta extensión se considera necesaria, en el marco de las negociaciones de buena fe que ha llevado adelante la República Argentina con sus acreedores, para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera", agregó la cartera a cargo de Guzmán.
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Con respecto a la oferta del Gobierno, el nivel de adhesión estuvo muy por debajo de las expectativas oficiales y es por eso que la primera propuesta fue rechazada: la mayoría de los acreedores consideró que tres años de espera para recibir algún cupón de interés era demasiado tiempo.
Un punto clave para los acreedores es la tasa "de descuento", es decir, cuanto les costaría desprenderse de la nueva deuda argentina.
Cabe recodar que la Argentina incumplió el pago de intereses de la deuda previsto para el 22 de abril y, a partir de entonces, tiene un período de gracia de 30 días. Eso significa que si el 22 de mayo no abona o no llega a un acuerdo con los acreedores, cualquier bonista puede ir a los tribunales extranjeros y solicitar que se declare al país en "default".