El Vaticano pidió "perdón" por los delitos sexuales cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, del Instituto Provolo, de Mendoza, condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente. A la vez que negó que los sacerdotes hayan sido encubiertos por la Iglesia o que esta se haya negado a dar a colaborar con la Justicia y que actualmente prosigue el juicio eclesiástico, que podría concluir con la expulsión de ambos del sacerdocio.
El comisario nombrado por el Vaticano para el Instituto Próvolo, el obispo auxiliar de La Plata, Alberto G. Bochatey, afirmó este miércoles en un comunicado que "la Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión" y que "toda vez que la justicia argentina libró exhortos o pedidos a las instancias que corresponden en la Iglesia, ésta respondió según derecho, en tiempo y forma. Nunca ocultó información ni quitó colaboración", aseguró.
Bochatey dijo en el comunicado que "mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse".
"El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar, una vez más, nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad", se explicó en el texto.
El comisario apostólico indicó: "respetamos la decisión judicial de Mendoza y esperamos que traiga paz a las víctimas que han sufrido tanto, y también algo de alivio en medio de tanto dolor y de tantas heridas".
Sobre el proceso en cuestión, el prelado explicó que "la Santa Sede, conocidas las denuncias, nombró en mayo de 2017 a dos expertos para comenzar la investigación eclesiástica. La tarea de la investigación es tratar de discernir si las denuncias son verosímiles o no, y tener cierta certeza moral de que los hechos pudieran haber sucedido. En ese momento no había ninguna denuncia en ninguno de los diferentes ámbitos de la Iglesia, lo que hacía muy difícil poder iniciar las investigaciones".
"No obstante las dificultades, se hizo el trabajo y en pocos meses se envió el informe a la Santa Sede, indicando que los hechos eran verosímiles y podían haber sucedido. La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe. De hecho, ellos estaban suspendidos en la práctica de su ministerio sacerdotal y en la cárcel, donde permanecen desde hace ya tres años", señaló.
Bochatey agregó que "lo sucedido ha hecho también un daño inmenso a la Iglesia de Mendoza, de la Argentina y del mundo".
El comunicado concluyó recordando que como expresa el papa Francisco "es imprescindible que, como Iglesia, podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Pedimos perdón por los pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el presente en un camino de renovada conversión".
