Organizaciones ambientalistas y profesionales vinculados con la actividad turística de la ciudad, comenzaron con una campaña de recolección de firmas que estará vigente hasta el próximo domingo 10 de marzo. Reclaman a las autoridades de la provincia por la falta de controles en la obra de apertura de la ruta costera Canal de Beagle, por parte de la empresa Gancedo.
La carta publicada en redes sociales comienza así: El proyecto denominado "Corredor del Beagle" fue adjudicado a la empresa constructora Luis Felipe Gancedo S.A. la cual ha iniciado su primera etapa, a pesar de las numerosas irregularidades que venimos denunciando desde el momento en que la obra fue adjudicada en el mes de abril de 2018.
Concebido por la actual administración provincial e inspirado en versiones previas que fueron desestimadas por la presión social, desde sus inicios ha demostrado confusos y diversos aspectos que nos alertaron acerca del riesgo que correría tanto el patrimonio natural como el cultural.
En este sentido, hemos solicitado información a las propias autoridades amparados en la Ley de acceso a la información pública y con esos datos pudimos corroborar que no estaba garantizado el resguardo del patrimonio en juego.
El pliego licitatorio "desdobló" los informes de impacto ambiental haciendo caso omiso de lo establecido en la Ley Provincial N° 55 y su Decreto Reglamentario N° 1333/93, creando confusiones y contradicciones entre los funcionarios actuantes. De este modo, el impacto arqueológico y paleontológico sería evaluado en el marco jurídico que ofrece la Ley Provincial N° 370 y el impacto por actividades mineras bajo la Ley Nacional N° 25473, las cuales no requieren en su articulado la socialización de los resultados, vulnerando así el espíritu tanto de la ley provincial como de la Ley General de Medio Ambiente N° 25675.
A esta altura de las circunstancias y habiendo realizado gestiones ante diversos organismos del ámbito provincial y nacional, no hemos logrado que las advertencias dirigidas hacia las autoridades hayan sido tenidas en cuenta por aquellos responsables de garantizar que el proyecto se desarrolle de manera respetuosa hacia el patrimonio natural cultural y dentro del marco jurídico vigente.
Finalmente, y a pesar de nuestros reclamos centrados en la baja calidad académica y lo incompleto de los informes y estudios disponibles, las autoridades consideraron que los pasos administrativos se habían cumplido, restando importancia y respondiendo a los planteos presentados en la audiencia pública de manera poco cuidada y sin rigor científico. Emitieron la correspondiente declaración de impacto Ambiental que habilitó el inicio de obra en los tramos donde corresponde mejora de la traza existente (Tramo I Sección 2, actual Ruta K de Almanza a Remolino y Tramo II , actual Ruta J de Almanza a Moat), a través de la Resolución N° 700/18 emitida por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Tierra del Fuego, autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 55 y a conciencia de no contar con los estudios de Impacto arqueológicopaleontológico ni el de actividades mineras.
Por otra parte, el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego expresó "los informes/estudios de Impacto Arqueológico a ser presentados serán puestos a disposición de la comunidad en una reunión informativa y participativa previo a cualquier otro trámite". Y a pesar que hace referencia a la Ley Provincial N° 55, no se ha dado cumplimiento a la audiencia pública correspondiente ni se ha convocado a una reunión pese a lo considerado por la Fiscalía de Estado: "la instancia participativa es de suma relevancia ya que procura incorporar las opiniones y puntos de vista de quienes puedan resultar afectados por la actividad o el proyecto; contribuir en la reducción de posibles errores; dotar de mayor eficacia y consenso la decisión que se adopte y evitar reacciones imprevistas de la comunidad en contra de aquellos".
Con fecha 13 de enero de 2019, (a más de un mes de realizada la Audiencia Pública), la empresa constructora entregó el Estudio de Impacto Arqueológico a la Secretaría de Cultura, el cual fue luego supervisado y aprobado por el Ingeniero – Arqueólogo Sergio A. Cano (quien no pertenece a la Secretaría de Cultura). De ambos productos correspondería obtener una declaración por parte de la autoridad de aplicación y de la cual estamos esperando presentación en una instancia participativa tal como se detalló en el párrafo anterior.
Sin embargo, el Secretario de Cultura de la Provincia, Sr. Gonzalo Zamora manifiesta el día 19 de diciembre de 2018 (¡un mes antes de realizada la Evaluación de impacto Arqueológico!) que "Es opinión de esta Secretaría como Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N° 370, que el E.I.A. da cumplimiento a lo requerido por el Decreto 1333/93, capitulo VII, articulo 10".
Lamentablemente tampoco consta que la Secretaría de Cultura esté supervisando los trabajos en desarrollo, ya que hace pocas semanas ha despedido de su planta al único arqueólogo de dicha dependencia, de manera que no podemos saber si quienes están operando en los tramos aprobados, han detectado o intervenido yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos porque sencillamente la Sec. de Cultura no tiene personal para realizar sus funciones como autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 370.
Los tramos en los que la empresa ha sido autorizada a iniciar la obra son los que coinciden con la ruta existente (Ruta J) y donde deben realizar mejoras exclusivamente sobre el camino actual. En cuanto a las tareas realizadas por la empresa ya hemos presentado denuncias de los excesos cometidos hasta el presente, las cuales se hallan en curso. En nuestros recorridos no hemos observado cartelería referente a la obra ni señalética de precaución advirtiendo que se hallan maquinaria vial, operarios trabajando, movimiento de camiones que transportan áridos, etc. en actividad en la Ruta J, reflejando una actitud poco cuidadosa por parte de la empresa y ausencia de control por parte de la administración provincial.
A todo esto se suma que las obras y colocación de obrador se instalaron en tierras privadas pertenecientes a Estancia Harberton (Km 59 ruta J) sin ningún tipo de permiso de los propietarios ni juicio de expropiación finalizado, causando un impacto considerable al bosque costero, a los yacimientos arqueólgicos de la zona, la provisión de agua potable de la Estancia y sobre todo vulnerando el derecho constitucional a la propiedad privada. Por otra parte, aún está pendiente la autorización para tramos donde se deberá realizar apertura de traza, a lo largo de la costa del Canal Beagle, /Tramo I-Sección 1 y Tramo III) poniendo en juego suelo, cobertura vegetal, fauna, subsuelo, turberas, cursos de agua, sumado a la inevitable remoción de yacimientos arqueológicos cuya alta densidad se conoce pero que no han sido prospectados de acuerdo con los requerimientos vigentes.
"No queremos correr el riesgo de perder nuestro patrimonio natural y cultural" culminó la carta abierta difundida por las asociaciones ambientalistas en redes sociales.
