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El Gobierno de Tucumán lanzó una ofensiva institucional para poner fin a la usurpación de tierras públicas y proteger la propiedad privada. En una jornada de formación encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y organizada por la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, 93 delegados comunales fueron capacitados para actuar como primera línea de control territorial.
“Queremos preservar la propiedad privada del tucumano y llegamos para poner orden”, afirmó Jaldo al cerrar la actividad, flanqueado por la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el ministro del Interior, Darío Monteros, su par de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de Obras Públicas, Marcelo Nazur, de Salud, Luis Medina Ruiz, el Fiscal Adjunto Raúl Ferrazzano, Patricia Torrejón, secretaria de Municipios y Comunas, entre otros.
Durante la capacitación, se entregaron herramientas legales, modelos de intimaciones y documentación práctica para empoderar a los comisionados: “Ellos tienen que cuidar el pedacito de tierra que a través de la voluntad popular cada vecino de su comuna le dio para que la cuiden”, remarcó el gobernador.
El mandatario no evitó señalar responsabilidades del pasado: “No se puede hacer esto si no hay complicidad del Estado. Por eso desarmamos Regularización Dominial, sumariamos, sancionamos y cesanteamos a personas. Aquí lo hizo un sector privado interesado en adueñarse de terrenos, pero hubo complicidad de gestiones anteriores de reparticiones completas del estado provincial”.
La jornada, según Jaldo, marcó el inicio de un trabajo coordinado también con intendentes: “Antes los usurpadores avanzaban. Ahora, la provincia avanza para recuperar terrenos sin titularidad y llevarlos a la justicia”.
Por su parte, la Fiscal de Estado subrayó que ahora “los delegados están empoderados, tienen normativa y acompañamiento jurídico”. Pedicone explicó que podrán aplicar la autotutela, intimar desalojos y frenar loteos irregulares: “Pueden ser protagonistas del ordenamiento territorial en beneficio del vecino”.
Ejemplificó con situaciones recientes en El Mollar, El Cadillal y Tapia, donde se actuó a tiempo con los delegados: “Cuando actúan temprano, ellos recuperan. Cuando es tarde, interviene la Fiscalía”, señaló.
También remarcó que la función de los comisionados no es sobre propiedad privada en sí, sino sobre el entorno, los accesos, los servicios y el ambiente: “No se puede construir al borde de un río, sobre cañerías o bajo el tendido eléctrico. Hay infracciones tan graves que sólo se entienden desde una pasividad muy reprochable. Los delegados no deben ser parte del problema, sino de la solución”, concluyó.
