Este jueves, la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, señaló que una fiscal especializada en homicidios envió la orden para no interrumpir el embarazo de la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, que finalmente fue sometida a una cesárea debido a una resolución judicial que enmarcó el caso dentro de los previstos como abortos no punibles.
La fiscal Adriana Giannoni (a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios) fue la encargada de emitir esta orden para no interrumpir el embarazo. "Está todo documentado", señaló Chahla esta mañana. De igual forma, aseguró que no fue una medida pedida por el Ministerio de Salud, luego de las duras críticas que recibió la cartera sanitaria provincial por su actuación en el caso.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán señaló el miércoles, que el comunicado emitido por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la cartera tucumana que "menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo 'en procura de salvar las dos vidas', no refleja lo requerido por la jueza interviniente".
Asimismo, Chahla negó que el Siprosa haya obstaculizado el derecho de la madre y de la niña: "Recién el 25 de febrero se pidió formalmente que se quería acceder a una ILE (Interrupción Legal del Embarazo), y la cesárea fue para la seguridad de la paciente, era imposible practicar un aborto por vía vaginal o con medicamentos".
La niña había sido trasladada al Hospital del Este Eva Perón, de Tucumán, donde quedó internada hasta la práctica que se le realizó en la madrugada del miércoles, cuando cursaba la 23 semana de gestación, por lo que organizaciones de derechos humanos y feministas denuncian una dilación inapropiada.
"La niña de 11 años está bien, pero las posibilidades de que el bebé sobreviva son muy bajas", concluyó la ministra.
