El diputado provincial Carlos Del Frade del Frente Social y Popular (FSyP) presentó un proyecto en la Legislatura para que la Provincia informe si directivos de Vicentin y Renova tienen deudas con el fisco santafesino y que también de cuenta de las causas abiertas que pudieran tener en la Justicia en los últimos diez años.
Del Frade apuntó a Yanina Boschi, Daniel Buyatti, Martín Colombo, Roberto Gazze, Alberto Macua, Cristian Pa doan, Máximo Padoan, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Sergio Vicentin, Javier Gazze, Miguel Vallazza, Miguel Vallazza, Omar Scarel, Daniel Pajaro, Diego Mejuto y Sergio Gancberg, personas vinculadas con el proceso de estafas desde las empresas Vicentin y Renova.
En ese sentido las personas nombradas, directivos de Vicentin y Renova, fueron imputados el lunes 25 de abril de 2022 “por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities, en el marco de una investigación sobre el destino de los granos que la firma entregó en 2019 a la compañía propiedad del holding agroexportador de Avellaneda y la multinacional Viterra (ex Glencore)”, indicó el legislador.
En la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal (CJP), el fiscal Sebastián Narvaja “amplió y profundizó las imputaciones de octubre del año pasado a los directivos de Vicentin por los delitos que van desde la confección de balances falsos hasta la defraudación y estafa”, agregó.
Asimismo, el diputado apuntó que “también fueron incorporados en las imputaciones a los ejecutivos de Renova, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro y no pudo hacerlo con Diego Mejuto porque no estuvo presente”.
“Las mismas se originaron en una denuncia realizada por la cerealera Commodities por el destino de 50 mil toneladas de granos que la misma había depositado en la compañía Renova y que luego fueron traspasados a Vicentin sin autorización”, señaló el legislador y agregó que - en el acto -, el fiscal Narvaja “solicitó la extensión de las medidas cautelares que se dispusieron en octubre pasado a los directivos de Vicentin, como la prohibición de salida del país para los imputados, la fijación de un domicilio y una caución por un monto de u$s10 millones”.
“También pidió una caución por u$s421.000 para los ejecutivos de Renova”, agregó. En ese sentido, Del Frade manifestó que el juez Román Lanzón “aceptó todas las imputaciones solicitadas por el fiscal aunque alivianó las medidas cautelares”.
En rigor, “no hizo lugar”, al pedido de caución para Grancberg y Pájaro por considerar que “no son necesarias” aunque “sí les dictó la prohibición de salir del país sin autorización y la necesidad de fijar un domicilio a ambos”. Para el representante legal de Commodities, Gustavo Feldman, estos cargos son la base de la posible imputación de lavado de dinero, “ya que Vicentin exterioriza como propios en el concurso activos y deudas relacionadas con los granos depositados en Renova, que serían producto del delito anterior”, expuso en su iniciativa Del Frade.
A partir de este nuevo procesamiento, “es fundamental saber si estas diecisiete personas tienen causas pendientes, además de su rol en el consorcio Vicentin, con la justicia provincial en los últimos diez años y también con el fisco santafesino”, completó el diputado.
