En el marco de la causa sobre espionaje ilegal en Santa Fe, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez decidieron pedir este martes la duplicación de plazos procesales. De esta manera esperan extender la fecha límite para imputar a exfuncionarios provinciales por supuestos delitos cometidos cuando integraban el Ministerio de Seguridad.
“Las investigaciones tienen a diversas personas investigadas y numerosas víctimas. Además, contienen gran cantidad de información y evidencias”, explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por otra parte, remarcaron que la “complejidad” de las calificaciones legales provisorias sobre los hechos denunciados el año anterior.
Las requisas en oficinas públicas de Rosario y Santa Fe se realizaron entre fines de noviembre y principios de diciembre. Pasados más de dos meses, no hay personas imputadas por espionaje ilegal o por irregularidades en la compra de armamento policial, las dos causas que tienen Hernández y Jiménez.
Desde entonces no tracendieron detalles sobre la posible acusación hacia el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain. Lo mismo ocurre con quienes ingresaron a la cartera bajo sus órdenes y renunciaron casi en simultáneo con los procedimientos que solicitó la Fiscalía.
Por lo pronto, el MPA señaló que las sospechas en torno a la evidencia se refieren a defraudaciones a la administración pública en el marco de la licitación para equipar a la Policía de Santa Fe. A este hecho se suman presuntas “maniobras ilegales en la recopilación de información por parte de una asociación ilícita”.
