Tras la denuncia de espionaje ilegal en Santa Fe, la unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía de la capital provincial abrió los documentos secuestrados en el Ministerio de Seguridad. El ex titular de la cartera, Marcelo Sain, aseveró que los investigadores “no hallaron ni una prueba” de los delitos atribuidos a exfuncionarios bajo su órbita.
Los investigadores citaron a la defensa de los involucrados en la causa para que controlaran el proceso de digitalización del material que se llevaron hace tres semanas de las oficinas de la cartera. Trabajaron durante durante nueve horas hasta las 18.30. Voceros ligados a las dos causas en trámite sostienen que dieron con “gran cantidad de evidencia de utilidad” para ambas.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez recabaron elementos de diversa índole. En los registros hallados había información sobre personas físicas que fue obtenida mediante distintas fuentes o bases de datos. En la lista se incluyen siete bolsas de consorcio con documentos triturados y otros que habían sido preparados para su destrucción.
Entre los documentos secuestrados encontraron datos de procesos licitatorios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Una de las investigaciones se refiere a presuntas irregularidades en una convocatoria de ese tipo para la compra de armamento y policial.
Marcelo Sain denunció “lawfare a la santafesina”
Terminada la apertura y digitalización de los elementos hallados, Sain insistió en que el proceso penal es una maniobra de “lawfare” en contra de la gestión que encabezó hasta marzo. Al respecto reiteró en la Justicia hizo “allanamientos truchos” en las oficinas públicas y disparó contra el fiscal general Jorge Baclini.
“Esto no va a quedar así. Iré por todos aquellos que dentro del MPA y el Organismo de Investigaciones declararon mentiras, sandeces y ficciones”, afirmó el ex ministro de Seguridad provincial. Luego criticó a quienes “con sus declaraciones violaron el deber de reserva” respecto de causas sobre “grupos criminales violentos”. Al respecto, advirtió que hay pesquisas “serias” que están “en riesgo en la antesala de juicio oral”.
Sain Hubo también criticó a su antecesor en el cargo ejecutivo, Maximiliano Pullaro, y lo mencionó como uno de los “politiqueros” que señalaban la existencia de “miles de carpetas” ilegales en un caso de “lawfare a la santafesina”. “No fue así, había dos de una gestion antigua que ya se mostrarán, pese a la proteccion fiscal con que cuenta”, anticipó.
