Poco antes de los banderazos en decenas de localidades argentinas, este sábado se dio a conocer en detalle el pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe en el marco del concurso preventivo de Vicentin. Allí se solicita la intervención porque "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación".
El texto, al que accedió Télam, indica que la administración de una sociedad requiere "lealtad y diligencia" pero que no basta "sólo con una conducta honesta" -que pone en duda en este caso- sino que demanda "talento para conducir el giro empresario".
"El recaudo de probidad es condición necesaria, pero no suficiente. Además hay que administrar con idoneidad para buscar el resultado económico", sostiene el escrito presentado en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini.
La presentación no hace referencia a una potencial expropiación de los activos del grupo ni a ninguna forma de continuidad de la administración de la empresa, más que la sustanciación del concurso preventivo de acreedores.
La titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, pidió al magistrado que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto por tres interventores.
Dos de los elegidos son los mismos designados por el Decreto 522/2020: Gabriel Delgado como presidente y Luciano Zarich. En el medio aparece a quienes el ingeniero Alejandro Alberto Bento, oriundo de Santo Tomé y vinculado al gobernador Omar Perotti.
La presentación se funda en "el poder de policía societaria" que la ley le asigna al organismo provincial, "definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes".
En sus considerandos, señala que "la intervención busca otorgar continuidad y transparencia al manejo societario, contribuyendo desde el Estado a la conservación de la empresa, situación que recién se consolidaría con la finalización del concurso preventivo".
Además, menciona que "el interés público" en el que se fundamenta la iniciativa "está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales".
El documento puntualiza que, de acuerdo a la información que la propia Vicentin presentó en el expediente del concurso, la empresa tiene activos por unos $100.000 millones, similares a las deudas que le son reclamadas en el proceso. A partir de allí, plantea que el único modo de satisfacer las acreencias es a través de la continuidad de la operación de la agroexportadora.
"Un análisis genérico y limitado propio de este momento indica que su futuro y la satisfacción de los créditos de sus acreedores están claramente ligados al flujo de fondos que la continuidad de las actividades empresarias produzca y no al producido de sus bienes", manifiesta Stratta.
La presentación del Gobierno de Santa Fe sustenta también el pedido de intervención en que los directivos de la empresa "no están a la altura de las circunstancias para este cometido" ya que, subraya, "son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público".
Entre otras cuestiones se expresan puntualmente tres demandas contra el grupo por presunta mala administración o delitos económicos, tanto en el país como en el exterior.
"El breve tiempo transcurrido hace que estén en etapa de investigación. Pero la gravedad de la situación no permite esperar el resultado para actuar", señala la presentación de la IGPJ santafesina.
Y agrega que "el peligro en la demora es evidente, porque está en juego la continuidad de la empresa, con ella, la suerte de muchos: acreedores, trabajadores, productores regionales, cooperativas, entre otros".
