El reclamo de los crianceros en Malargüe por los graves perjuicios que ocasionan el puma y el zorro en la zona desató la polémica con los protectores de animales.
En una nueva marcha que realizaron la semana pasada y contaron con todo el apoyo del intendente Juan Manuel Ojeda, pidieron por la habilitación de la caza controlada de ambos depredadores. Los animales atacan al ganado y provocan serias pérdidas económicas.
“Para poder pelear contra el puma y el zorro, necesitamos que los legisladores de todos los partidos realmente acompañen y tomen la definición de permitir la caza controlada”, dijo en declaraciones televisivas el intendente malargüino.
En reiteradas oportunidades los puesteros de esta zona del sur mendocino han manifestado las pérdidas de ganado por depredación de animales silvestres que afectan a más de la mitad de los productores.
Tomás Estay, representante de los crianceros, indicó que la problemática con los zorros y los pumas es un tema que vienen señalando hace muchos años. Además, recordó que los 2.600 productores necesitan que se ponga en marcha el fondo compensador estipulado en la ley 8.846 y que aun no se implementa (pese a estar reglamentado según lo informado por el ministerio de Economía).
Por otro lado, insistió en que se les permita la caza controlada. “La situación con el puma y el zorro es incontrolable. Hay superpoblación y estamos viendo la posibilidad, a través de denuncias y fotografías, que desde la dirección de recursos naturales los declaren animales dañinos”, señaló Estay.
“Están matando terneros y potrillos. No se pueden criar yeguarizos. A los productores nos están dando la espalda. Vamos a tener que empezar a cambiar y a exigir las leyes”, agregó el productor y luego recordó que la ley 8.846 ya está sancionada, pero fue “cajoneada”.
Para terminar con sus argumentos, Estay señaló que el puma y el zorro no se exterminaron cuando eran de caza libre, cuando se comercializaba la piel, por lo que entiende que es muy difícil que se extingan.
Ante esta situación la protectora Avecobam Malargüe expresó su repudio a partir de un comunicado en el que manifiestan que “sin consultar con especialistas, desconociendo leyes nacionales y provinciales y sin valorar el arduo trabajo de las personas que día a día trabajan a pulmón en las problemáticas ambientales y de superpoblación animal que son de larga data en Malargüe, el señor intendente demagógicamente apuesta a viejas prácticas, caducas y sin sentido, en vez de inclinarse por educación en la temática para la población en general, en apoyar a las entidades que promueven medidas de control no agresivas y en gestionar políticas públicas participativas y sustentables en el tiempo”.
Por su parte, Jennifer Ibarra, titular de fundación Cullunche, indicó que la matanza de pumas y zorros ha sido una medida histórica de control poblacional que data del 1.800, pero ya no es acorde con la situación ambiental, económica ni social que vive el país y mucho menos Malargüe.
“No es la primera vez que Malargüe intenta implementar la caza de pumas y zorros. Hace 30 años que lo intentan. Más de lo mismo. La propuesta del intendente Ojeda, la cual repudiamos, de arremeter nuevamente contra nuestra fauna con cacería y traslados, es anacrónica, descabellada y transgrede leyes vigentes de protección de la fauna”, apuntó Ibarra a través de un comunicado.
En el mismo texto indicaron que se pueden evitar los ataques con el uso de perros pastores, burros pastores, encierre nocturno, cercos y corrales antipumas. A eso se suman los sistemas de luces y sonidos que pueden ser instalados con solo una pantalla solar.
Una ley que los protege
El Gobierno de Mendoza reglamentó en 2019 la ley 8.846 mediante la cual se crearía un fondo especial de compensación para productores ovinos y caprinos cuyo rodeo haya sido afectado por ataques de pumas y zorros. Por diversos motivos, la misma no se ha podido aplicar.
Según indica esta norma, los recursos que constituirán el fondo de financiamiento, se conformarán con la partida que anualmente se asigne por Ley de Presupuesto y que, tal como establece, no podrá ser inferior al millón de pesos.
La normativa indica que el beneficio comprenderá exclusivamente los daños producidos en las crías durante la época de parición. Así mismo, se determina que el monto a subsidiar será del 50% del valor de mercado de las crías dañadas y hasta un 10% del total de cabezas declaradas por el puestero.
*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.
