El jueves al atardecer, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, decretó que el proyecto de Presupuesto 2019 quedó aprobado de manera ficta, ya que considera que la aprobación que hizo la Cámara de Diputados no es constitucional.
La Gaceta Digital informó que el proyecto del Presupuesto 2019 sufrió tres modificaciones. La primera fue de la Cámara de Diputados, la segunda por la Senadores y la tercera nuevamente por la de Diputados.
La última modificación fue considerada anticonstitucionales por los legisladores albertistas de ambas cámaras, quienes, basándose en el artículo 132 de la Constitución Provincial, sostienen que Diputados no podía hacer una tercera modificación y que tenía a limitarse a aprobar o rechazar la segunda modificación.
Luego con el voto de la oposición y los diputados adolfistas, la Cámara de Diputados realizó la tercera modificación y reenvió el proyecto al Senado, el cual lo devolvió a la Cámara Baja, con una resolución diciendo que debían limitarse a aceptar o rechazar la segunda modificación. Diputados hizo caso omiso de esta resolución y, nuevamente con el voto de la oposición y de los adolfistas, dio por aprobado el presupuesto y lo remitió al Poder Ejecutivo.
Alberto Rodríguez Saá durante una conferencia de prensa, a distintos medios, s señaló que la "aprobación" de la ley debía ser remitida al Poder Ejecutivo con la firma de los presidentes de ambas cámaras, pero lo que se recibió solo tenía la de Carmelo Mirábile, presidente actual de Diputados. "Cuando lleva solo una firma de uno de los dos cuerpos, es un acto novedoso", dijo el mandatario, quien contó que inmediatamente se le corrió vista a Fiscalía de Estado, la cual determinó que esta comunicación "no se considera un acto válido".
Según publicó el medio digital mencionado, el Gobernador obviamente se encuentra del lado de quienes sostienen que la tercera modificación y la aprobación de la Cámara de Diputados es anticonstitucional, firmó el decreto 6792, dando por aprobado el proyecto de presupuesto 2019 de manera "in fine", y considerando que la Legislatura no cumplió con los plazos constitucionales para su tratamiento.
"Hacemos una declaración expresa de que consideramos al artículo como inexistente por no haber sido perfeccionado por el parlamento. Un acto solo de diputados no se puede convertir en parte de una ley. De todas maneras, por cortesía, decimos que si Diputados tuviera otra interpretación y no estuviera de acuerdo con la inexistencia, debe considerar este acto administrativo que hemos dictado como un veto", dijo Rodríguez Saá después, explicando el contenido del segundo decreto que dio a conocer, que fue el 6793.
El Presupuesto actual, todas sus modificaciones fueron en torno al artículo 15 del proyecto, que luego pasó a llamarse "Cláusula del Progreso". En su primera modificación, este artículo añadió 494 millones de pesos en fondos para 29 municipios que supuestamente estaban siendo discriminados por el Gobierno provincial. En la segunda, el Senado amplió los fondos a 700 millones y agregó que sean repartidos entre todos los municipios de la provincia. La tercera modificación, que el albertismo considera anticonstitucional, consistió en especificar que estos fondos se paguen a cada municipio de forma mensual y que puedan ser destinados a "programas relacionados con la obra pública municipal o acción social en beneficio de los habitantes de dichas localidades".
A diferencia de lo que decía el texto modificado por el Senado, el cual establecía que "los municipios deberán presentar proyectos enmarcados en el Plan de Lucha contra la Pobreza, considerándose como tales aquéllos relacionados con la cultura, educación, salud, seguridad, vivienda, deporte y comunicación".
Al respecto, Rodríguez Saá señaló que se había generado una gran expectativa en torno a este artículo, pero lamentablemente la versión del presupuesto 2019 que fue aprobada de manera "in fine" es la original, por lo que no incluye la "Cláusula del Progreso". Por ende, el Gobernador encabezó una reunión a la que invitó a todos los intendentes de la provincia para acordar cómo, al "no existir" más la Cláusula del Progreso, repartir una cifra de dinero similar a los municipios y confirmó que seguirá firme la idea de que los municipios presenten "proyectos enmarcados en el Plan de Lucha contra la Pobreza, considerándose como tales aquéllos relacionados con la cultura, educación, salud, seguridad, vivienda, deporte y comunicación".
